No es que tengamos dotes adivinatorias, nada de eso. No tenemos una bola de cristal, pero en Balears hemos vivido fechorías de todo tipo y eso nos lleva a estar vigilantes ante cualquier proceso de adjudicación de un bien público como es la gestión del agua potable para los próximos 25 años, un negocio multimillonario estimado en 100 millones de euros, que ha interesado a siete empresas que se presentaron al concurso.

Hace meses pronosticamos que ganaría la empresa castellonense Facsa. Y así ha sido. Como si se tratase de un plan preestablecido, como si hubiese un ganador predeterminado que había de hacerse con la contrata como fuera, se han ido cumpliendo etapas y se ha llegado a la meta.

Facsa no ha presentado la oferta económica mejor, ni es la empresa que técnicamente está mejor situada para ofrecer el servicio en Sant Antoni. Ha ganado un concurso gracias al informe que se encargó a una consultora externa cuyo responsable está imputado en un caso de corrupción relacionado con el Canal Isabel II de Madrid. Minucias.

Y ayer el pleno municipal declara que Facsa es la mejor oferta de las que ha presentado, ignorando que su presidente ha sido condenado por financiar con dinero negro al PP valenciano. Vamos, por untar a políticos. Minucias.

Ignorando que la empresa Aqualia -la gran perdedora- denuncia haber sido objeto de un supuesto delito de revelación de secretos cuando un empleado suyo se marchó a Facsa poco antes de abrirse las plicas. Minucias. Y orillando la denuncia que plantea Aqualia de que el resto de licitantes incumplió el pliego de condiciones del concurso, lo que motivaría su exclusión inmediata. Minucias. Tenía que ganar la empresa de Castellón y ha ganado. Como estaba previsto. Como pronosticamos hace tres meses.