Leo la crónica de Juan Antonio Torres sobre el último pleno del Consell d’Eivissa y reconozco que me cuesta entender la irresponsabilidad política del equipo de gobierno. El secretario de la institución lo deja bien claro, pero les da igual. «Se tendrán que depurar las responsabilidades que correspondan», avisa. Y el interventor ha dicho que se trata de «una actuación ilegal del departamento». El departamento en cuestión, cómo no, es el de Lydia Jurado, que lleva una legislatura gloriosa al frente de Bienestar Social. En cualquier gobierno serio hubiese durado dos días, pero ahí sigue en el Consell, y continuará hasta el último día. La ilegalidad en cuestión consiste en pagar 53 facturas a Amadiba por más de 240.000 euros. También el conseller Gonzalo Juan reconoce que no se cumple la ley, pero parece importarle muy poco. La cuestión es pagar 240.000 euros a esta asociación, que por otra parte realiza una función imprescindible, pero las cosas se tienen que hacer bien, es decir, con un convenio para vestir el expediente. Al denunciarlo el PP, Podemos ha acusado a Marí Boso de no estar legitimado para ser diputado. O sea, los que incumplen la ley a sabiendas se atreven aún a dar carnés de buen político a los que se atreven a denunciarlo. Mejor dicho, los que se hacen eco de lo que advierten el secretario y el interventor del Consell. Que no confundan las cosas. No se denuncia el pago a una asociación que realiza una función imprescindible. Amadiba existía mucho antes de que Podemos llegase a las instituciones, no lo olviden. Se denuncia la mala gestión, las prisas, la improvisación, la falta de conocimiento, la repetición en los errores, y sobre todo la mala política. Una chapuza de difícil explicación.