El Gobierno de España pasa olímpicamente de Balears. Que Pedro Sánchez sea su presidente no cambia nada, porque la visión que en la capital del Estado se tiene de nuestra comunidad autónoma es una muy diferente de la realidad que se vive aquí. Seamos realistas, Balears les importa muy poco, ya gobierne Rajoy, ya gobierne Sánchez. Con matices, naturalmente, porque no diré yo que ‘PPSOE’ son lo mismo (como algunos apuntan de forma bastante absurda y grosera), pero que en Madrid no pintamos mucho, eso no admite discusión. Del mismo modo que en Mallorca importan poco (a veces nada) los problemas de Ibiza, Formentera y Menorca. Esto es así y no hay mucho que discutir al respecto.
Sin embargo, esta semana hemos comprobado que a veces hay excepciones y el Gobierno central atiende a las peticiones que se le hacen desde Balears. Así, la Abogacía General del Estado ha desistido del recurso contencioso-administrativo que se tramitaba en el Tribunal Superior de Justicia de Balears contra el decreto de capacitación lingüística de los trabajadores de la sanidad pública balear. Se zanja así la discusión sobre un asunto que no es pacífico y sobre el que hay diversidad de opiniones, según el enfoque de cada cual. Si se ve desde la perspectiva de los profesionales o si se ve desde la de los usuarios. La norma que establece que cualquier profesional sanitario puede optar a un puesto de trabajo sin necesidad de acreditar el conocimiento de un determinado nivel de catalán, pero que si aprueba deberá hacerlo si no quiere verse penalizado, se aplicará sin necesidad de pronunciamiento judicial.
La solución dada por el Govern de Francina Armengol ante el fuerte rechazo del personal sanitario al borrador inicial que impulsaba Més, parece muy razonable. Permite que todo el mundo oposite, pero otorga un plazo de dos años para acreditar un determinado nivel de catalán que garantice el derecho de los usuarios a ser atendidos en cualquiera de las lenguas oficiales de Balears. Ahora bien, decir que la retirada del recurso prueba la legalidad del decreto es una majadería, como lo hubiese sido afirmar que recurrir era una prueba de su ilegalidad.
Tiene razón la Delegación del Gobierno al afirmar que la retirada del recurso se produce a partir de la «voluntad política» expresada por el nuevo Ejecutivo. Y para solucionarle un problema a Francina Armengol y a Patricia Gómez, que así respiran más tranquilas.
2 comentarios
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" El Gobierno a veces escucha a Armengol " Joan Miquel, este sería el titular perfecto, no creo que Madrid tenga nada que ver con el Gobierno Balear..
Mejor explicado imposible. Gracias