Opinión/Joan Boned, exconseller de Territori del Govern balear

El control de las VPO

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En los tiempos que corren y con los graves problemas existentes para el acceso a una vivienda digna y a un precio razonable habría que ser especialmente estricto en el cumplimiento de las leyes en esta materia y, por supuesto, tratar de controlar o evitar en la medida de lo posible los abusos que se están produciendo.

Y es precisamente en épocas como esta que cabe hacer una reflexión en lo que se refiere a las promociones de VPO. La decisión actual es que todas las nuevas promociones de viviendas de protección en nuestras islas vayan destinadas al alquiler y eso es una decisión acertada y en la buena dirección, pero no siempre ha sido así.

Anteriormente, estas promociones se ponían a la venta y si bien se suponía que la misma se realizaba bajo unas determinadas condiciones, lo cierto es que con los años estas acababan aparcadas y las viviendas en el mercado libre. Ello supone un fraude, ya que se trata de viviendas construidas con fondos públicos y adjudicadas con unas condiciones muy ventajosas y a unos precios inferiores a los del mercado libre.

Muchos adjudicatarios, antes de que transcurran los plazos legales fijados, comercian con las viviendas como si fueran de promoción libre, cuando no lo son. Evidentemente, lo que falta es un severo control por parte de la administración, cosa que hasta ahora ha brillado por su ausencia y que hace que las escasas medidas que se han empezado a tomar sean claramente insuficientes.

A la administración competente en materia de vivienda hay que exigirle una mayor implicación en todos los procesos de control. Una vivienda de protección oficial, construida con fondos públicos nunca debería poder llegar a ser una más del stock de viviendas del mercado libre. Debería hacerse efectivo siempre el derecho preferente de la administración a recuperar esa vivienda, si su adjudicatario original decide desprenderse de la misma; y por supuesto, solo debería poder hacerlo a un precio tasado y fijado por la propia administración.

Por todo ello, esto sigue siendo a día de hoy una asignatura pendiente; el derecho de retracto no se viene utilizando, lo que facilita el abuso por parte de determinados propietarios. Al mismo tiempo cuesta poner los recursos humanos suficientes y necesarios para un correcto control de este tipo de actividades en torno a las viviendas VPO.

Ante una situación grave, no cabe especular, no se la puede combatir sólo con ideas, hay que tener leyes y sobre todo, capacidad y voluntad para aplicarlas y para ello hay que poner a trabajar más capital humano. Si realmente se quiere priorizar la lucha contra la especulación con la vivienda pública, la implicación de la administración competente ha de ser total.

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