El código ético del PSOE es un texto interpretable cuyo cumplimiento no es necesario. Así se desprende de la postura que ha adoptado la dirección insular de Ibiza, e imagino que también la balear, ante el caso de Aída Alcaraz, concejal de Sant Antoni que será juzgada por acoso laboral. El juez ve indicios de delito y el fiscal solicita para ella un año de cárcel y una multa. Sin embargo, la vida política de Aída Alcaraz sigue igual. Ni ha sido obligada a dimitir ni se la ha suspendido de militancia, tal y como prevé el código interno de los socialistas. No solo eso sino que al leer la postura de Patricia Abascal, secretaria de organización del PSOE ibicenco, llegamos a la conclusión de que la culpa es del PP por haber permitido mantenerse en el cargo al denunciante, que es ni más ni menos que el jefe de la policía local. ¿Ha dicho algo al respecto Armengol, escandalizada por casos de corrupción de sus rivales políticos? No hay constancia. Y Pilar Costa, otrora azote de los cargos con problemas judiciales y portavoz del Govern, ¿ha dicho algo? Por si acaso no la elegían para encabezar la lista autonómica por Ibiza por enésima vez su postura ante este asunto es desconocida. ¿Se imaginan que hubiesen dicho el partido de Armengol y Costa la pasada legislatura si alguien del PP hubiera seguido en el cargo a meses de sentarse en el banquillo? Lo imaginamos. Es lo que tiene actuar con dos varas de medir, la de los buenos (ellos) y la de los malos, que son aquellos que no sirven para sus intereses. Por si este asunto no fuese suficiente, el PSOE de Sant Antoni ha aceptado mantener en el gobierno municipal a una tránsfuga del PI que ha dejado el partido de Font pero que seguirá «porque se debe a los ciudadanos». Luego se lamentan si pierden votos.