Podemos tiene intención de presentar como candidata por Ávila a una mujer que fue condenada a 30 años por asesinato. El partido morado justifica que se trata de una condena pasada y que la ex convicta tiene todo el derecho a ser rehabilitada por la sociedad. Sin duda es un asunto que abre un debate muy interesante sobre el pasado de los políticos. Con este baremos imaginamos que José Juan Cardona, por ejemplo, podrá presentarse como candidato al Consell d’Eivissa cuando cumpla su condena y los dirigentes de Podemos serán los primeros en admitirlo e incluso a felicitarle por dar un paso en favor de la reinserción. Pero sorprende la doble vara de medir de la formación morada. Cuando se estaban preparando las elecciones de hace cuatro años el Periódico de Ibiza descubrió que uno de sus principales dirigentes había sido condenado por narcotráfico. La respuesta de Podemos no tiene desperdicio. «Tiene derecho a la reinserción», decían. Sin duda, el problema es que este dirigente todavía cumplía condena, aunque no entró en prisión. Sorprende, en cambio, la dureza con la que los mismos dirigentes de Podemos actúan contra políticos de otros partidos. Le ocurrió a la diputada del PP por Mallorca Sandra Fernández, a quien Podemos pidió la dimisión por estar bajo sospecha en un caso en el que se investiga a su pareja. O sea, una persona que no está imputada tiene que dimitir por responsabilidad política pero un condenado por narcotráfico o una condenada por asesinato, si es de Podemos, tiene todo el derecho a ejercer la política y hasta ocupar un cargo político. Con esta doble vara de medir solo queda por hacer una reflexión: la presunción de inocencia tiene más valor si se tiene el carnet de militante de Podemos. La lástima es que los ciudadanos todo esto no se lo tragan.