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Sin lugar a dudas, una parte importante de responsabilidad en la actual problemática de vivienda en las Pitiusas la tiene y la provoca el descontrol del alquiler de viviendas turísticas. En Eivissa y Formentera son muchísimas las viviendas que no están ocupadas todo el año y en torno a las que se viene desarrollando un suculento negocio. Son viviendas que durante seis meses al año, o alguno más incluso, permanecen cerradas y vacías y cuyos propietarios explotan turísticamente durante la temporada estival.

La situación sería menos grave si este productivo negocio para unos pocos no resultara tan pernicioso para una mayoría. Y tiene consecuencias muy negativas, básicamente por una manifiesta y reconocida falta de control absoluto sobre esos alquileres turísticos con unos precios abusivos, sin ningún tipo de control y en muchos casos al margen de la ley.

Si bien es cierto que con la normativa aprobada en esta legislatura se ha intentado reconducir la situación no es menos cierto que los resultados son pobres, quedando muy claro que todavía queda mucho trabajo por hacer. Los precios que se aplican a los alquileres turísticos son realmente exagerados y en la mayoría de casos, muy lejos de la calidad real que se ofrece. Desde luego son alquileres que están muy lejos de las posibilidades que tiene cualquier persona que quiera residir en nuestras islas y tenga un sueldo normal. Pero lo peor de todo es que conociendo la realidad de la situación se haya tenido que llegar al punto actual de emergencia. Es necesario un control estricto sobre la legalidad de estos alquileres y, para ello, la administración debe hacer todo lo necesario para poder aplicar ese necesario control ya que, verano tras verano, la situación sigue empeorando.

Uno de los principales obstáculos para poder perseguir debidamente este fraudulento negocio es el reducido número de inspectores que desde la administración se destina a esa función de control de la legalidad. Según parece haría falta multiplicar por tres el actual numero de personas que desempeñan esa función, objetivo que hasta ahora ha resultado inalcanzable. ¿De qué sirve aprobar leyes si luego no hay quien pueda controlar que las mismas se cumplen? ¿Por qué no se ha modificado todavía la nefasta ley de control del gasto de las administraciones públicas que pone trabas a la contratación del personal necesario? ¿Por qué no se aprueba un plan de urgencia para que la administración autonómica y los consells insulars colaboren en la medida que sea necesaria para perseguir este fraude?

Cabe recordar que en su momento ya se hizo algo parecido con los inspectores de trabajo y, en muchos casos, se obtuvieron resultados muy positivos en la lucha contra el fraude laboral.

Ya se llega tarde, pero es preciso actuar de una vez por todas para eliminar los obstáculos que impiden poder disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios para luchar contra esos alquileres ilegales que tanto daño están haciendo a los trabajadores y tan nefastas consecuencias están teniendo para el sector empresarial de nuestras islas.