A veces vale la pena analizar las cosas con cierta perspectiva de futuro y aplicar directamente la lógica a determinadas situaciones. De la misma forma sería deseable que prevaleciera siempre el interés general por encima del particular, facilitando todo aquello que pueda ayudar a solventar problemas. Y precisamente perspectiva y lógica es lo que parece haber faltado en la decisión de no aprobar definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Eivissa, que se encontraba en tramitación y en la última fase de la misma.
De todos es conocido que el informe de la Comisión balear de Medio Ambiente fue favorable a que se continuara con la tramitación de la citada revisión, si bien con algunas prescripciones. Seguramente la más importante y llamativa fuera la de que no se podían admitir nuevas fases de crecimiento en el municipio, por la escasez de recursos hídricos necesarios para atender con garantías esos crecimientos. Y en base a ese informe y esa prescripción, desde el Consell se decidió no aprobar la revisión de forma definitiva. Esa decisión aboca al Ayuntamiento de Vila a la aplicación irremediable del último ordenamiento urbanístico aprobado, que data ni más ni menos que de 1987. Afortunadamente algunas modificaciones puntuales del mismo, aprobadas a lo largo de los últimos años, hacen que el impacto de tal decisión tomada por el Consell, no sea lo catastrófica que podría haber sido de haberse mantenido en su integridad el Plan de 1987. Gracias a estas modificaciones puntuales, determinados suelos que originalmente figuraban como urbanos, ahora están protegidos; y algunas previsiones urbanísticas han visto limitado su crecimiento inicialmente previsto.
Pero si uno se pone a aplicar la lógica a esta situación, resulta difícil de entender que no se apruebe por falta de recursos hídricos una revisión del Plan General, que establece un techo de población de 77.000 plazas; y que la inmediata consecuencia sea que se reactive el antiguo con este techo establecido en 120.000 plazas. ¿Es lógico que por falta de agua suficiente se vea bloqueado un Plan que recorta el techo poblacional en 40.000 plazas y que no haya problemas para volver a aplicar de nuevo el de 1987 con un techo muy superior?
Pero volviendo a la lógica, esta nos lleva a considerar que lo más normal hubiera sido poder trabajar de cara al futuro con el nuevo Plan General, aunque se hubieran condicionado los crecimientos a la existencia real de recursos hídricos, tal como establece el informe de la Comisión Balear de Medio Ambiente. ¿Que hay agua? Se podrá crecer. ¿Que no la hay? Habrá que esperar. De esta forma se podría avanzar en el desarrollo urbanístico del municipio y hacerlo en base a criterios nuevos y revisados, más restrictivos con el crecimiento y más acordes con la realidad; en lugar de retroceder y tener que volver a trabajar con herramientas urbanísticas de hace más de 30 años.
Y ya que la situación viene provocada por la insuficiencia de agua y nuestros recursos hídricos subterráneos están claramente sobreexplotados, cabría reclamar a las diversas administraciones varias cuestiones. Teniendo en cuenta que, hoy por hoy, no se puede seguir abusando de la extracción de nuestro subsuelo del preciado líquido, parece claro que las necesidades de la isla pasan por la aportación que se haga desde las tres plantas desalinizadoras existentes.
A partir de aquí, las administraciones deberían velar por el control de los límites establecidos y permitidos de extracción de los pozos, los de titularidad municipal incluidos; y velar por que la producción y aportación de agua desalinizada, sea la que realmente haga falta para cubrir las necesidades de la isla en cada momento.
Muchas veces resulta más conveniente aplicar una permisividad controlada que una ciega y absurda prohibición.
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