Hay que seguir descentralizando

Y si uno cree en el modelo, hay que seguir trabajando en él, para mantenerlo y mejorarlo si es posible. Se podrán proponer cambios que supongan una mejora del sistema, pero lo que no es aceptable bajo ningún concepto, es un proceso de involución como pretenden algunos que evidentemente añoran tiempos pasados.

La lucha de quienes creen en el sistema va dirigida a potenciar, todo lo que se pueda, la capacidad de autogobierno; para que las administraciones autonómicas tengan cada vez más competencias que gestionar y que los ciudadanos sientan cada vez más cercana esta gestión. Para ello, no basta que se traspase una competencia sin más, hay que conseguir que la misma venga acompañada de una partida económica suficiente, que pueda garantizar una correcta aplicación de la misma. Y aquí, es donde se centra buena parte del esfuerzo que hacen los gobiernos autonómicos en su negociación con el gobierno central.
Desde este punto de vista económico y para el buen funcionamiento de este modelo de Estado, es necesario que el sistema de financiación de las comunidades autónomas sea profundamente revisado y que en el caso de algunas, entre las que se encuentra la nuestra, no exista el tremendo desfase actual entre lo que se aporta y lo que se recibe. Es necesario buscar un equilibrio; conseguir una proporcionalidad sin renunciar a la solidaridad entre los diferentes territorios.

Y este concepto que debería ser fácilmente comprensible en esas negociaciones entre el gobierno central y el autonómico, debe también aplicarse en otros casos de descentralización de la gestión a otros niveles.

Nuestra comunidad autónoma tiene sus peculiaridades y la mas reconocible de entrada, es su conformación territorial, ya que esta compuesta por cuatro islas. Eso hace que administrativamente también sea peculiar, dado que cada una de esas islas tiene su propio órgano de gobierno; los consells insulars, esta situación hace que estemos sujetos a una doble descentralización en cuanto a la gestión pública; desde el gobierno central a la comunidad autónoma y desde el Govern balear a los consells. Y lo que vale para la primera, también debe valer para la segunda. Por lo tanto, si uno esta convencido de las bonanzas del estado de las autonomías, hay que estar totalmente a favor de la doble descentralización que este modelo supone para nuestras islas y aplicarlo decididamente.
A partir de aquí, cabe reseñar que las reticencias que a veces aparecen en cuanto a algunas solicitudes de traspaso de competencias del Govern al Consell, suelen estar relacionadas con el tema económico y eso debería dejar de ser un obstáculo. Algo así, es lo que viene ocurriendo con la petición de cesión de la gestión integral del agua para la isla de Eivissa, propuesta que sigue pendiente y que ha de suponer también la capacidad de recaudar y gestionar el canon correspondiente.

Pero con esto no basta y va siendo hora de dar un paso más. Hay que empezar a hablar de descentralización fiscal. Los consells insulars deben poder recaudar determinados impuestos, tasas y cánones autonómicos y, por supuesto, decidir también el destino de esas recaudaciones.

Los gobiernos que salgan de los próximos comicios del 26 de mayo, deben plantearse profundizar y avanzar en la descentralización de la administración pública.