Seis meses después del fatídico incendio que calcinó la sede de los juzgados de Ibiza, la situación no puede ser más caótica. Las obras del nuevo edificio de los juzgados parecen avanzar con escasa prontitud y el Ministerio de Justicia no da señales de que la precaria situación sea una prioridad a resolver. Más de 300 juicios del orden penal ya han sido suspendidos, a los que se sumarán otros tantos. Sorprende que para el Ministerio de Justicia, cuyas riendas gobierna Dolores Delgado, el incendio de una sede judicial sea un asunto anecdótico y baladí, el cual no merece ni siquiera una visita de la ministra a la isla para conocer in situ los problemas acahecidos y la delicada situación en la que se encuentran los funcionarios encargados de la Administración de justicia. Mantener a los abogados a la intemperie bajo un sol que penetra a 35 grados o albergar el Instituto de Medicina Legal en un cuartito en el que apenas cabe una camilla, es fruto de la escasa implicación política por parte del gobierno socialista en funciones para dar solución a una coyuntura que no sólo perjudica a los actores jurídicos, sino a los administrados que sufren con incredulidad los retrasos de una Justicia ya de por sí lenta, debido a la falta de medios materiales y humanos. Mientrastanto, los abogados de oficio que desempeñan una función constitucional vital para la ciudadanía, ven como el Ministerio también les maltrata con retrasos inasumibles e incomprensibles en el pago de sus retribuciones. Parece que para la ministra, Ibiza es tan sólo una isla de paso en el Mediterráneo que alberga ciudadanos de segunda. Alguien debería hacerle saber que mientras nuestros funcionarios son de primera, los servicios y condiciones de los que disponen son de tercera.