El dictamen del Consell Consultiu sobre el chiringuito de Cala Gració supone un varapalo enorme para el equipo de gobierno del Ajuntament de Sant Antoni de la anterior legislatura, que lideraban el alcalde Josep Tur ‘Cires’ (PSOE) y su teniente de alcalde Pablo Valdés (Reinicia). El quiosco desmontable que la Demarcación de Costas autorizó a instalar durante cuatro veranos, con el informe favorable del consistorio portmanyí contaba con los permisos necesarios para desarrollar su actividad. La maniobra para tratar de revocar el permiso municipal de instalación ha fracasado y pone en evidencia que la gestión del asunto fue calamitosa. Y ya se verá si delictiva porque la empresa boicoteada tras la protesta de Prou! presentó una querella criminal contra el alcalde ‘Cires’ y la regidora de Urbanismo, Cristina Ribas, que sigue siendo concejala aunque en la oposición —y por algo será—.
Opinión/Joan Miquel Perpinyà
Pagarán los vecinos de Sant Antoni
Eivissa28/11/19 4:01
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2 comentarios
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Pero tu John No eres un maleducado, donde tan criado ?
Però... tu no havies fotut el camp?