Las secuelas de la negligencia, la incapacidad y el oportunismo vuelven a azotar al PSOE de Sant Antoni, a quien el Consell Consultiu ha asestado un duro golpe rechazando la revisión de oficio del permiso de instalación del chiringuito de Cala Gració que inició el infame gobierno de Pep Cires, reconociendo que el permiso no es nulo como defendían los socialistas. Primero lo concedieron con las autorizaciones favorables de Costas y del Govern, pero se apresuraron a autoenmendarse ante el revuelo que causó su instalación.
Para ello tuvieron que contradecir el informe del secretario y pagar informes externos que justificaran su incomprensible marcha atrás, lo cual ha llevado al exalcalde y a la entonces concejala de urbanismo (la tránsfuga Cristina Ribas) a declarar como investigados por un presunto delito de prevaricación. Este dictamen alimenta la tesis de la acusación y arrincona a un exalcalde que tuvo que huir de la política por la puerta de atrás, después de una legislatura marcada por la polémica, los escándalos, la nefasta gestión y las declaraciones en sede judicial. Los socialistas en el gobierno defendían la revisión de oficio y ahora instan al nuevo consistorio para que inicie una declaración de lesividad, lo cual puede significar dos cosas: que son unos oportunistas inconscientes o que ignoran la diferencia entre nulidad de pleno derecho y anulabilidad (términos jurídicos bien distintos). Por la incompetencia del anterior equipo de gobierno los vecinos de Sant Antoni se enfrentan a tener que sufragar una indemnización de más de un millón de euros a la empresa perjudicada. En vez de disculparse con los ciudadanos, los socialistas vuelven a hacer gala de su nulo sentido del ridículo escurriendo su responsabilidad y acusando al PP.
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