Del reciente congreso de la Federación Socialista de Eivissa (FSE) no solo salió una nueva ejecutiva a propuesta del también recién nombrado como secretario general de la misma, sino que también se aprobó una ponencia política de la que se han dado a conocer algunas de sus líneas generales.
Este documento destaca, como no podía ser de otro modo, algunos de los que han de ser los principales retos de la recién elegida dirección del partido, en el presente y en el futuro. Dos de esos retos no son nuevos, por lo que cabe esperar que esa declaración de intenciones que es la ponencia política se tome en serio de una vez por todas, ya que ambos necesitan una solución urgente. Los dos retos a los que me refiero son la vivienda y el agua. Hoy me referiré al primero de ellos, dejando el segundo para una próxima ocasión, si bien ambas cuestiones van ligadas.
Evidentemente, el acceso a una vivienda digna y a un precio razonable es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la población de Ibiza y Formentera desde hace ya algunos años. Año tras año ha ido creciendo y ya en el pasado verano se pudo comprobar cómo ha dejado de afectar solo a aquellas familias con un bajo poder adquisitivo debido a sus dificultades para conseguir un trabajo y también ha empezado a castigar a aquellas personas con un trabajo y un sueldo, pero que no pueden acceder a esas viviendas, debido a sus elevadísimos precios tanto de venta como de alquiler.
Es esta una cuestión que afecta directamente a nuestra sociedad en general, que complica la vida a nuestras empresas durante la temporada estival, al no encontrar un sitio digno donde vivir muchos empleados que vienen a la isla para esos meses de verano. Y no solo de empresas privadas; funcionarios de diversas administraciones que, a pesar de tener la opción de venir a desempeñar su trabajo a las Pitiusas, no vienen por esas mismas dificultades con la vivienda.
Los grandes poderes económicos y empresariales son los que tienen a día de hoy la posibilidad de adquirir todos esos inmuebles y fijar unos alquileres desproporcionados e inasumibles para un trabajador. Y precisamente por ello y ante la evidencia de que el mercado por su cuenta no está haciendo nada para controlar el problema, ha de ser la administración quien lo haga; con urgencia y sin más dilación.
Es cierto que, recientemente y con un enorme retraso, se han puesto en marcha tres proyectos de viviendas de protección oficial en el municipio de Vila, pero tanto por el tiempo de ejecución que se suele emplear para su finalización como por el número total de ellas está claro que no van a ser la solución definitiva. La administración competente en esta materia no puede creer o pensar que con esos pocos proyectos todo vuelva a la normalidad, porque no es así en absoluto. Hay que tomar decisiones con urgencia. Se deben controlar los alquileres abusivos y los negocios turísticos encubiertos e ilegales, persiguiéndolos y sancionándolos duramente.
Por parte del Govern balear, se debe invertir lo que sea necesario en potenciar las oficinas del Ibavi en Ibiza y Formentera. La persona responsable en esta materia no puede olvidar que no basta con tener a una sola persona trabajando en la de Ibiza o ninguna como es el caso de Formentera. Debe darse cuenta de las muchas funciones de gestión, control y ayuda que esas oficinas pueden y deberían desempeñar y que ahora mismo no lo están haciendo. Hay que hacer menos anuncios y ser mucho más decididos a la hora de actuar, y la mejor manera de hacerlo es trabajando sobre el propio terreno y con los afectados, los titulares de las viviendas y los que las están buscando para poder vivir.
Y, desde luego, tampoco ayuda a solucionar la problemática actuar con la ligereza que lo ha hecho el Consell Insular d’Eivissa, archivando un expediente sancionador por un importe de 400.000 euros incoado a una empresa por anuncios irregulares. Por su parte, el Consell de Formentera debería empezar a trabajar de forma real y efectiva en la tantas veces anunciada oficina de la vivienda. Seguramente, para ello bastaría con forzar al Govern balear a recuperar la que se abrió en la isla y que el conseller balear decidió cerrar sin motivo alguno que lo justificara.
1 comentario
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Otro lumbreras que no se entera . El problema no es el alquiler sino el realquiler. ¿Contra esas mafias no tenéis remedios ? Un constructor de VPO obligaba a los compradores quedarse con dos plazas de garaje por piso , tampoco contra esos abusos decís nada .