La Oficina Anticorrupción creada a propuesta de Podemos la pasada legislatura acaba de decir que se han cometido irregularidades con el plus de 22.000 euros que cobran todos aquellos cargos del Govern, incluyendo directivos de empresas públicas, que no tienen su residencia habitual en Mallorca. Dicho plus comenzó cuando hace ya muchos años yo mismo publiqué en Ultima Hora que el Govern pagaba el alquiler del piso que ocupaba el entonces conseller d’Industria i Comerç, el menorquín Cristòfol Triay. Al año siguiente se incorporó en la ley de acompañamiento de los presupuestos esta partida para compensar a los altos cargos que no eran mallorquines o residentes en Mallorca. Era una propuesta lógica pero que lamentablemente ha degenerado en crear sobresueldos e, incluso, en financiar partidos políticos, como reconocía Di Terlizzi, alto cargo de Podemos, en una entrevista en Canal 4. Pues ahora, una vez que Anticorrupción se ha pronunciado, la pelota está en el tejado del Govern y convendría que se pusiese manos a la obra para que no se se siga haciendo un mal uso de este dinero. Es tan fácil como pedir a los altos cargos que demuestren que pagan un alquiler en Mallorca, y que abonan los billetes de avión en lugar de inventarse reuniones los viernes o lunes para colarlos también en el gasto de sus respectivas consellerías. Y de paso que averigüen el caso denunciado en Anticorrupción de la gerente de una empresa pública con residencia en Ibiza que apenas va un día a la semana a su puesto de trabajo en Mallorca. Esto se llama malversación de fondos, así de claro. Pero evidentemente cuesta creer que un Govern que no ha querido investigar que menores protegidas se estén prostituyendo en Mallorca intente ahora clarificar este asunto que para ellos debe de ser muy menor. Imagino que lo taparán hasta que se calme la polémica, como siempre.