De poco ha servido que los canarios lucharan para que las comunidades autónomas insulares tuviéramos un descuento para residentes del 75%. Las aerolíneas han aprovechado esta medida para encarecer sus precios y enriquecerse a costa de un derecho tan importante para los ciudadanos de Baleares. Así lo prueba un reciente estudio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que cifra en un 22% el encarecimiento de los billetes de avión que unen nuestro archipiélago con la península. Este aumento de los precios supone que quede sin efecto la modificación del descuento de residente que pasó de un 50% a un 75%. Es decir, al Estado esta medida le supone un coste de 765 millones de euros, las aerolíneas aumentan sus beneficios y los destinatarios del descuento nos quedamos igual. El Ministerio de Fomento debe trabajar para que, en el proceso de compra de los billetes, el descuento no se aplique hasta el final del mismo a fin de impedir que las aerolíneas hagan trilerismo y encarezcan el precio para dejar sin efecto el descuento. La CNMV también merece un tirón de orejas, en tanto que en su estudio cuestiona esta bonificación y alerta de su coste a las arcas públicas. Tal vez debiéramos recordarle que los insulares pagamos trenes de alta velocidad que no usamos a un precio muy superior por un criterio de solidaridad recogido en el artículo 2 de la Constitución. Esa solidaridad no debe ser unidireccional, sino recíproca. La ayuda al transporte de pasajeros y mercancías no es un beneficio, sino un derecho que permite compararnos como sociedad a los peninsulares y a las empresas de aquí competir en igualdad de condiciones con las del resto del país. No debemos permitir ningún retroceso en este derecho que tanto ha costado alcanzar.