El nuevo modelo es el mismo modelo

Més per Mallorca no ha avalado gratis un decreto que supone perpetuar, según el relato ecolo, el modelo que tanto daño ha hecho, tanto que por su culpa hemos pasado de emigrar a recibir inmigrantes, ya que permite a los hoteleros ampliar un 15% la superficie de los hoteles, en un procedimiento exprés, a cambio de mejoras ambientales, sin que suponga incrementos de altura, ni de plazas.

Tal ha sido la indignación, con protestas ante el Consolat de Mar incluida, que sus primos de Més per Menorca (comparten nombre e ideología, pero conviene dejar claro que son formaciones independientes, además de independentistas), quienes se han erigido como la única oposición a Francina Armengol, han impugnado, no sin cierta sobreactuación, en la Mesa del Parlament el decreto al considerar que vulnera el Estatut.

En plena desescalada, con una mirada puesta en el BOE y en los mercados emisores para saber si habrá temporada y cómo será y otra en las listas del paro, no es el momento más propicio para legislar en caliente.

Después de décadas de aprobar instrumentos encaminados al mismo fin (DOT, PTI, leyes, moratorias), después de que muchos de estos inventos hayan supuesto agujeros en forma de sentencias indemnizatorias, capítulo aún no cerrado porque todavía faltan muchas por venir, hoy no había necesidad social, ni económica ni ambiental alguna de actuar en esta materia.

Es una lástima que Més per Mallorca no haya visto que una manera mucho más provechosa para ellos y para el conjunto de las islas de obtener rédito político de su apoyo al decreto no haya sido aprovechar el momento para proponer un plan de choque de verdad para acabar con el vergonzoso estado de nuestras depuradoras, emisarios y redes de agua potable, el ciclo del agua.

Ecotasa, papel mojado. La ecotasa como la habíamos conocido hasta ahora, es decir, mucho anuncio y poca realización (solo un 11% de lo recaudado desde 2016), es historia. El Consell de Govern ha eliminado el carácter finalista del mismo por la puerta de atrás. Los proyectos aprobados hasta ahora son papel mojado, lo que abre la puerta a redirigir los fondos hacia donde debieron ir desde el minuto uno: la mejora del medio ambiente.
El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, ha tenido la oportunidad de colgarse una gran medalla y contentar a todo el mundo, a los que critican el decreto del Govern por excesivo, a los que lo critican por insuficiente y a los que lo aplauden, ya que todos somos conscientes de que tenemos un problema. Ha preferido arriesgarse menos a cambio de acaparar grandes titulares para aplacar la furia de los que siempre están furiosos y siempre lo estarán, como los nacionalistas.

Este plan tendría, al menos, tres grandes beneficios. Primero y, bajo mi punto de vista, más importante por su urgencia y costes: evitar que se siga dilapidando uno de cada tres litros de agua potable, mejor dicho agua potabilizada que es peor, a través de redes en deficiente estado de conservación, lo que es un atentado ecológico mayúsculo y un despilfarro económico que pagamos todos a través de nuestro recibo del agua. Dos: acabar con los vertidos de aguas fecales al mar, lo que, además de ser de mala educación, como la de los propietarios de los perros que no recogen sus cacas de nuestras calles, mata las praderas de posidonia con mayor efectividad que las anclas de los barcos, y con ello pone en peligro la calidad de nuestro litoral, uno de nuestros mayores activos. Tres: dinamizaría el sector económico de la obra pública que acometería la actualización de dichas infraestructuras en un momento en el que la economía necesita estímulos reales, no inversos como el decreto en rústico. Construir una depuradora no es rápido, pero sustituir kilómetros de tuberías de agua potable es de las actuaciones más rápidas de acometer y, por lo tanto, más indicadas para este momento.

No ha habido suerte tampoco en esta ocasión. Así, en dos semanas, hemos sabido que el cambio de modelo que el Govern de Mallorca nos vendió consiste en hacer lo mismo que hemos venido haciendo en las últimas décadas. Vender humo, lo primero y más importante porque todo lo que dice el documento de Yllanes y Negueruela es lo que nos vienen contando desde hace años, humo entonces y humo ahora. Segundo, permitir ampliar y modernizar hoteles, lo mismo que llevamos haciendo décadas. Tres, moratorias y prohibiciones urbanísticas, una constante desde 1995.

Incorregible centralismo. Todo ello aderezado, como siempre y que no falte, de un incorregible centralismo de Mallorca que no entiende, o entiende demasiado, la realidad insular de Baleares. Por mucho Estatut, por muchas transferencias plenas, por mucho federalismo interior, por muchas conferencias de presidentes de consells que nos vendan, al final la capacidad legislativa del Parlament, ergo de los partidos que forman el Govern de Mallorca, arrasa con todo.

A pesar de que este decreto afecta a una competencia plena de cada una de las islas, la tramitación del mismo se ha hecho de espaldas a los consells. Y también de los ayuntamientos.

La Conselleria de Medio Ambiente trabaja en el mismo desde principios de legislatura y los socialistas disponen del borrador desde finales de abril, pero el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, se enteró de las intenciones de Armengol el jueves cuando Gabriel Company le llamó para preguntarle si sabía algo.

A nadie debe sorprender la deslealtad de Francina Armengol, quien, una vez más, hace y deshace a su antojo. Que nadie se lleve a engaño, excluir a Ibiza y Formentera de la prohibición de construir en las áreas de protección tal como estaba previsto inicialmente ha sido una maniobra táctica que ha interesado al PSIB, no una muestra de respeto al autogobierno de las Pitiusas.

¿Por qué nunca antes?. He conocido multitud de políticos. Después de tantos años, he logrado identificar un rasgo común a todos ellos. Cuando dejan la política, son personas normales, con sus luces y sus sombras, como todos.

Hoy, como cada domingo, publicamos un artículo de opinión de Joan Boned, histórico dirigente socialista, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Ibiza, diputado autonómico durante tres legislaturas, conseller en la oposición del Consell d’Eivissa i Formentera, presidente de una de las gestoras que ha tenido la FSE tras uno de sus líos internos y conseller de Ordenación del Territorio del Govern balear. Con semejante historial, sabe de lo que habla.

Recomendable su lectura que, por un lado, reconforta y, por otro, descorazona.

Dice Boned que es una «contradicción» que «sorprendentemente» el actual secretario general de la FSE, Josep Marí Ribas Agustinet, participara en la elaboración de las 45 propuestas presentadas por el Consell d’Eivissa para que fueran incorporadas al decreto del Govern, echara de menos un carácter más local a las mismas y luego aplauda con las orejas el texto aprobado por el Govern que ha hecho caso omiso al trabajo de partidos y agentes sociales de Ibiza.

Concluye Boned que Francina Armengol no concede ninguna importancia a la opinión de su valido en Ibiza, al igual que tampoco a los socialistas de Formentera.
Es una lástima que este tipo de voces solo se escuchen públicamente por quienes dan un paso atrás o por quienes reciben una patada en el culo, como Marta Díaz.

El peor Gobierno en el peor momento. Así titulé mi artículo del domingo 5 de abril. Y así podría titular cada artículo cada domingo porque lamentablemente me ofrece sobrados argumentos para hacerlo. El último, el dislate de la derogación íntegra de la reforma laboral pactada de espaldas a todo el mundo, incluso de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, por Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Arnaldo Otegui, portavoces parlamentarios mediante.

Es la peor noticia con la que espera sentarse el representante del Gobierno español en Bruselas para negociar la propuesta francoalemana de habilitar medio billón de euros en transferencias (ayudas tipo Fondos de Cohesión) y otros instrumentos que vamos a necesitar para financiar un periodo de escasos ingresos públicos y elevados gastos.
Suicida estrategia de cuanto peor, mejor. Dinamita el diálogo social, dinamita la comisión de reconstrucción, dinamita nuestra credibilidad ante nuestros socios. ¿Para qué? Si en algún momento ha estado justificada la derogación de una norma positiva que ha contribuido decisivamente a la creación de empleo y a que España saliera de la gran depresión que no vio venir, o no quiso, Zapatero, no es éste, ni de esta manera.