Problema enquistado

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Parece mentira que en una temporada caótica como la de este verano de 2020, en la que la mayoría de establecimientos hoteleros ni tan siquiera han llegado a abrir, en la que aquellos que hace más de un mes se aventuraron a hacerlo están viendo que van a tener que volver a cerrar.

Una temporada en la que por primera vez las mundialmente famosas discotecas de Ibiza permanecerán cerradas, los bares musicales pueden abrir con muchas limitaciones; prácticamente todo el mundo se esta viendo o se va a ver con el agua al cuello, menos aquellos que mantienen un negocio claramente ilegal, o sea los taxis piratas.

Mientras todos los empresarios de la isla, los autónomos y los trabajadores solo pueden hacer cuentas del dinero que van a perder y de las nóminas que van a dejar de percibir, los que controlan esos taxis ilegales ya se están frotando las manos con los más de cinco millones que se calcula se pueden acabar embolsando en estos meses.

Ni tan siquiera una pandemia evita que el mismo problema de todos los años sea nuevamente tema de actualidad. Quedan una vez más en evidencia todas las administraciones implicadas y se hace patente la incapacidad o el poco interés de las mismas en resolver esa situación enquistada.

Sea cual sea el color político de las diferentes administraciones que tienen competencias en materia de transporte público, ninguna ha demostrado tener la más mínima capacidad para parar los pies a esos piratas del transporte público.

Son el Consell Insular y la Conselleria de Mobilitat del Govern Balear quienes básicamente tienen en sus manos la posibilidad o, mejor dicho, la obligación de actuar y está claro que sistemáticamente lo estás haciendo tarde y mal.

Tanto el Consell d’Eivissa como el de Formentera tienen transferidas las competencias en transporte público por carretera y por tanto la gestión de esta actividad en las dos islas.

A pesar de ello, es cierto que la capacidad de actuar de estas administraciones insulares es limitada ya que el presupuesto del que disponen para ello es francamente ridículo. Por otro lado, es en el Parlament donde se aprueban las leyes a las que esta sujeta esta actividad de transporte, generalmente a propuesta del Govern.

Desde el Consell se ha anunciado esta semana el impulso de una mesa de seguimiento del intrusismo en Ibiza. El vicepresidente y conseller de Transportes ha anunciado que se harán todos los esfuerzos necesarios para acabar con el intrusismo. ¿En serio es el mes de agosto el más indicado para anunciar futuras reuniones para resolver este eterno problema?

Es muy triste que no hubiera sido en el primer trimestre de este año cuando establecieran las medidas y actuaciones a llevar a cabo durante la temporada estival. Si realmente existe la voluntad de actuar con contundencia no se puede esperar al mes de agosto para empezar a tomar decisiones.

Y en cuanto a la Conselleria de Mobilitat del Govern también queda claro que no tiene el menor interés en colaborar en la resolución del grave problema. Mientras en Mallorca sí se ve al conseller Pons anunciando la inversión de decenas de millones para el transporte público por carretera en esa isla (inversión que analizaremos en un futuro artículo), por Ibiza no aparece para tratar la problemática en cuestión.

Además, este verano ni tan siquiera se ha molestado en disimular y ha dado por liquidado el acuerdo por el cual se trasladaban inspectores desde Palma a nuestra isla para hacer controles y de los 11 que estuvieron actuando el año pasado, este año no son más que tres.

Por otro lado, también cabe señalar la poca o nula efectividad de la normativa legal que regula esta actividad en nuestra Comunidad Autónoma.

El desinterés de ambas administraciones es claro y evidente. Solo una actuación conjunta y coordinada de las mismas podría empezar a hacer mella en esta actividad ilegal, pero sinceramente no parece que ambos responsables estén capacitados para que ello sea una realidad.

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