Todos deberíamos aprender de lo ocurrido

La sociedad en general les mostraba así su agradecimiento y admiración por esa lucha constante y sin desfallecimiento. Paralelamente a ello, las administraciones públicas, que también se deshacían en elogios por el trabajo de todos los empleados sanitarios, farmacéuticos, personal de limpieza, cuerpos de seguridad, empleados de supermercados, etc.; reconocían los problemas del sistema sanitario de nuestro país para hacer frente a una pandemia como la que se estaba sufriendo.

Todos esperábamos que realmente se estuviera aprendiendo la lección y, dejando a parte las incomprensibles salidas de tono de algunos de los partidos políticos que seguían más centrados en torpedear al gobierno, que en ayudar a superar la situación entre todos y de forma coordinada; vemos que aquellos que gestionan el día a día de nuestras vidas y de los que esperábamos que realmente empezaran a priorizar todo aquello que se ha comprobado que es básico para superar la tremenda crisis provocada por la pandemia, están repitiendo los mismos errores de meses y años atrás.

Parecía claro que para establecer las bases que permitieran pasar de la mejor forma posible esta temporada de verano, que tan importante es desde el punto de vista de la actividad económica en un país como el nuestro, donde el turismo es una de las principales fuentes de ingresos; lo urgente debía pasar por una importante mejora y refuerzo de la atención primaria de nuestro sistema sanitario y la contratación del número suficiente de rastreadores para controlar la evolución del covid-19, debido a los brotes que van surgiendo en todas las comunidades autónomas.

Si atendemos a las reclamaciones que de nuevo se están haciendo desde el sector sanitario en prácticamente todas las regiones, parece claro que la inversión en atención primaria es insuficiente. Se prometieron mejoras en las contrataciones de los profesionales que durante meses lo han dado todo, se dijo que se haría todo lo necesario para que todos ellos tuvieran los equipos de protección individual que necesitaban y que escasearon, todos los implicados se comprometieron en reconducir el dramático escenario en el que se convirtieron las residencias de ancianos.

¿Y que ha quedado de todas esas promesas y compromisos?. De nuevo vuelven los recortes en la sanidad. Buena parte del personal sanitario que se contrató para atender los picos de la pandemia, vieron como una vez que se levanto el estado de alarma, se les rescindían los contratos, en lugar de renovarlos o mejorarlos. Se adjudicaron nuevas funciones y obligaciones a todo el personal de atención primaria, que a día de hoy están teniendo que cumplir con la misma plantilla que había antes de la llegada de la temida pandemia. Prácticamente ninguna comunidad autónoma está cumpliendo con la contratación de los rastreadores necesarios que se recomiendan por parte de los expertos; incluso en alguna como Madrid, se ha intentado captar voluntarios en lugar de contratar profesionales. Están volviendo los gravísimos problemas en las residencias de la tercera edad. Algunos hospitales ya empiezan a vislumbrar una nueva oleada de problemas para poder atender debidamente al creciente número de nuevos afectados que necesiten hospitalización.

Señores, este no es el camino. Céntrense todos en lo importante y esencial; desde el gobierno central a los gobiernos autonómicos. Estos últimos deben invertir más y potenciar la atención primaria y hospitalaria; al mismo tiempo que se debe evitar que se repita la cascada de fallecimientos de nuestros mayores, mejorando la atención y cuidados que se les presta. Y el gobierno de la nación debe si o si, mejorar la coordinación de los diferentes servicios sanitarios autonómicos. Debe ver la repercusión que tienen algunas decisiones que se toman en unas comunidades y que acaban repercutiendo en otras. Se deben establecer medidas que en función de la situación sean de obligado cumplimiento por todas las partes, como pueden ser las condiciones para garantizar la movilidad en todo el territorio, mejorando por ejemplo los controles de acceso por puertos y aeropuertos, tal como se reclama desde Baleares.