La desobediencia permitida no es justificable

Todos estos iluminados negacionistas, que pretenden que las mentiras y patrañas que predican sean la única verdad y que se silencie el sufrimiento de tantos y tantos de afectados por el coronavirus, quieren hacernos creer que la base de sus falsedades y manipulaciones es la libertad. Y nada más lejos de la realidad. Lo que pretenden es que sea el libertinaje lo que rija nuestras vidas, enterrando el interés general y demostrando que su bandera no es otra cosa que el incivismo.

Lo cierto es que todas estas teorías de cuatro descerebrados son un peligro social, pero no es esto lo único que debe preocuparnos. Es reprobable también la actitud que, frente a ellos, mantienen las autoridades y las fuerzas de seguridad. La condescendencia frente a esos grupos que abiertamente infringen las normas vigentes parece evidente y, por supuesto, resulta preocupante.

Recientemente hemos podido comprobar que nuestra isla no se libra de los actos incívicos de estos grupos. Frente a los juzgados de Eivissa se concentraron la semana pasada entre 250 y 300 personas protestando contra las autoridades que, según ellos, coartan su libertad, sin tener en cuenta en ningún momento que estos cientos lo que estaban haciendo era poner en peligro la salud de decenas de miles de personas. Se reunieron en ese punto, sin mantener en ningún caso la distancia de seguridad requerida y sin atender la mayoría de ellos a la obligación de llevar la preceptiva mascarilla. No contentos con ello, decidieron pasear por varias calles del municipio semejante situación de riesgo colectivo.

Tanto la concentración en la plaza de sa Graduada como su posterior y peligrosa excursión por varias calles tuvo lugar bajo la atenta observación de las fuerzas de seguridad. La única consecuencia que tuvo todo ello fue francamente ridícula y decepcionante: la identificación de una quincena de personas y el levantamiento de ocho actas por desobediencia para una posterior y supuesta propuesta de sanción.

Curiosamente, el día anterior a esa concentración negacionista se anunció en rueda de prensa, por parte de la presidenta del Govern, la inmediata aprobación de nuevas medidas que podían afectar fundamentalmente a Vila y Sant Antoni y que restringirían la movilidad y las concentraciones de ciudadanos en nuestra comunidad autónoma. Por ello, la pregunta que se suscita no puede ser otra que la siguiente: ¿Por qué no intervino la policía desde el primer momento si estaba comprobando que se incumplía la obligación de llevar mascarilla y que no se respetaba la distancia mínima de seguridad?

Si es conocido que la mayoría de nuevos contagios se producen en reuniones familiares y concentraciones sociales, ¿a qué esperaban las fuerzas de seguridad para disolver esa concentración que suponía un evidente peligro para el grueso de nuestra sociedad? Sobre todo cuando se estaba comprobando que se estaban incumpliendo las medidas aprobadas para preservar la salud de todos nosotros. Si un conductor conduce borracho, se le detiene y se le acusa de un delito contra la seguridad vial, ya que pone en peligro al resto de conductores. ¿Por qué no se actúa con mayor contundencia contra estos impresentables que, incumpliendo diversas obligaciones, ponen en peligro la salud de todos, vulnerando la ley de salud pública?

Está claro que los castigos y sanciones que se aplican son insuficientes y poco disuasorios. No se puede consentir que la supuesta libertad de unos pocos vulnere leyes y ponga en peligro al grueso de la sociedad.

Discutir con la policía puede suponer la detención de un individuo por desobediencia; poner en peligro la salud de todos, no. Incomprensible.