Mucho se viene hablando estos días de la responsabilidad individual. Sobre las espaldas de cada uno se viene descargando la decisión de cual debe ser el comportamiento social que se debe mantener con la finalidad de poder plantarle cara al coronavirus. Pero a la vista de los acontecimientos cabe preguntarse, ¿donde queda la responsabilidad pública?

Resulta muy cómodo ampararse en la decisión que cada uno pueda tomar, para acabar responsabilizando de todo al colectivo. De todos es sabido que aunque una gran mayoría de la sociedad sea escrupulosa en el cumplimiento de la normativa sanitaria, basta que un reducido porcentaje del total de la población se muestre como unos auténticos descerebrados, para que la expansión debocada del virus, sea una realidad. Por esos pocos, acaba viéndose claramente perjudicado el colectivo. El virus acaba expandiéndose y al ritmo de la expansión se van incrementando las restricciones en nuestra vida diaria.

Parece mentira que la experiencia no esté sirviendo para nada y que persista el altísimo grado de cobardía en la practica totalidad de las administraciones, independientemente de su color político. Todos aquellos que tienen la obligación de tomar decisiones para velar por el bien colectivo y el interés general, a estas alturas ya deberían haberse dado cuenta de los errores que ellos mismos cometieron hace algunos meses y deberían tener muy claro que las prisas no son buenas a la hora de hacer frente a determinados problemas.

Cuando se sigue priorizando la economía frente a la salud, se está cometiendo un grave error. Ya en anteriores ocasiones dije que en ningún caso podrá haber recuperación económica, si antes no somos capaces de eliminar o reducir a la mínima expresión el peligro de contagio por covid-19. Se quiso a toda costa dar la sensación de haber vencido al virus antes de la temporada veraniega de 2020, se dio la espalda a la cautela y la permisividad se adueño nuevamente de la calle; el resultado no fue otro que el mayor fiasco de temporada estival vivido hasta la fecha.

Recientemente se ha vuelto a cometer el mismo error y la frase favorita en la mayoría de administraciones era «hay que salvar la Navidad». Ahora se están recogiendo de nuevo los frutos de la falta de valentía a la hora de tomar decisiones y de la ineptitud en la gestión. La Navidad suponía un peligro más que evidente, pero nadie se atrevió a decidir que este año no podía haber ningún tipo de celebraciones. Por no decidir, ni se decidió prohibir determinadas cosas en las fechas más peligrosas en cuanto a celebraciones, más bien al contrario, se relajaron.

Ahora de nuevo toca lamentarse, ver que las previsiones que se hacían en noviembre pasado de cara a la recuperación de la actividad turística de este nuevo año, también se van esfumando. De momento se difumina la posibilidad de que pueda iniciarse una temporada en la semana santa y de seguir con el mismo grado de incapacidad a la hora de tomar decisiones, peligran de nuevo incluso los meses fuertes de verano.

Mientras, se siguen enviando mensajes que pretenden tranquilizar a la población en general, como hizo hace unos días el conseller Negueruela, responsable de turismo del Govern Balear, asegurando que Baleares será un destino seguro esta próxima temporada. La sociedad ya no espera mensajes de optimismo, lo que espera es ver que lo que se hace va en la linea correcta, que el trabajo diario da pie a pensar que se puede mejorar. Pero eso es todo lo contrario de lo que está ocurriendo en nuestras islas, mientras se desboca el contagio, no se demuestra la capacidad necesaria para organizar una efectiva y rápida campaña de vacunación. La situación es grave, pero no se vacuna los domingos y ante una incidencia imprevista, no hay un plan B que impida perder una semana entera a la hora de empezar a administrar la tan ansiada vacuna.

La realidad es que impera la ineptitud y el egoísmo político y ello sirve tanto para la presidenta de Madrid, quien cuando mas falta hace una buena sanidad pública que pueda llegar a todos por igual, se empeña en mantener sus planes de privatización de la misma; como para el presidente de Extremadura, a quien no se le ocurre otro argumento para justificar la lentitud en la campaña de vacunación en su comunidad, que decir que al no fiarse de la vacuna, todo se ralentizo esperando ver el efecto que producía la misma sobre los primeros vacunados.

La salud debe ser lo prioritario, no la economía.