«¡Vete al médico!»

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Este es el grito infame que el diputado popular sin escrúpulos Carmelo Romero profirió a Íñigo Errejón mientras intervenía para proponer un plan nacional de salud mental, esa gran olvidada. Estigmatizamos erróneamente las enfermedades mentales y las relegamos a un problema de tercer orden del que la política ha decidido desocuparse, enterrándolo en el ostracismo. Ese error en el que se hunde la clase política de la hipérbole no puede concordar menos con la realidad social.

En nuestro país tan sólo contamos con 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es del triple. Junto con Portugal, somos el país que más ansiolíticos consume de Europa. Diez personas se suicidan cada día en España y otras 200 lo intentan. Por si esto fuera poco, la COVID-19 ha barrido la estabilidad mental de los ciudadanos. El confinamiento domiciliario, el paro y la incertidumbre son los puntales de la ansiedad y la depresión, cuyo abrazo encoge el pecho de los que sufren en silencio, mientras sus representantes en el Congreso se ríen de ellos.

Las enfermedades de la psique no pueden seguir siendo un tabú que obliga a sus víctimas a costearse un profesional porque no están entre las prioridades de los departamentos de salud. Precisamente son los más humildes los que sufren con mayor virulencia los estragos de estas patologías, lo cual hace todavía más imprescindible que la salud pública se encargue de ellas y brinde a los enfermos la oportunidad de curarse. Los trastornos de la alimentación, el estrés, la esquizofrenia, la depresión o la ansiedad no pueden seguir siendo un estigma, ni su tratamiento un lujo.

Estos enfermos no merecen el abandono descarado que les encierra forzosamente en la soledad de una sociedad que no les comprende.

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