Derechos individuales frente a la salud del colectivo

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Intenso es el debate que se ha suscitado a partir de la intervención policial en un domicilio particular en el que se estaba desarrollando una fiesta del todo ilegal. Rápidamente se han formado dos bandos, los que se muestran a favor de ese tipo de intervenciones a la fuerza, por la falta de colaboración del titular de la vivienda y; aquellos que mantienen que siempre debe prevalecer el criterio de inviolabilidad de una vivienda particular y que solo cabe utilizar la fuerza si previamente lo ha autorizado un juez.

No cabe duda que nos encontramos ante una duda razonable ya que se supone que este tipo de intervención policial, solo puede llevarse a cabo en el supuesto de que se tenga conocimiento de que en el interior de la vivienda se este cometiendo un delito. Esa duda nos lleva a preguntarnos, que como deben considerarse las fiestas ilegales en un domicilio particular que claramente contravienen la normativa en vigor y en el actual estado de alarma.

Los expertos en la materia tienen claro que en aplicación de las leyes actuales, una fiesta ilegal en una vivienda particular, no puede considerarse en ningún caso como un delito y no pasa de ser más que una simple falta administrativa; si bien las principales patronales de nuestra isla y el propio Consell Insular, defienden la necesidad de que tales acciones pasen a ser consideradas directamente como delito, reformando para ello el código penal.

Visto desde fuera, lo que parece claro es que en ningún caso debería permitirse que la falta de civismo y de empatía social de esos pocos que con absoluto descaro se saltan a la torera la normativa anti covid, ponga en peligro la salud y el bienestar de la mayoría. Que la policía no pueda entrar sin más en tu casa para comprobar un exceso de ruido o la reunión de un número de personas superior al permitido, sin duda facilita y mucho que se sigan prodigando las fiestas ilegales en viviendas particulares, ya sean pisos o casas unifamiliares.

Que la sanción a la que se expone quien comete estas infracciones administrativas no pueda ir más allá de una simple multa se nos antoja un castigo lo suficientemente leve como para no disuadir en ningún caso a los organizadores. La mayoría de estos infractores son conocedores de que un derecho fundamental recogido en la Constitución, no puede ser suspendido durante el estado de alarma y es por ello que no tienen el menor temor a la acción policial y persisten en su actitud de no colaborar.

Ello implica que ante reuniones en domicilios particulares, con exceso de asistentes, sin guardar la distancia de seguridad y sin el obligatorio uso de las mascarillas; se den situaciones tan absurdas como que las fuerzas de seguridad tengan que esperar a las puertas del domicilio en cuestión, a que los que están en el interior de la vivienda quieran dar por terminada la fiesta y salir del mismo. Con ello, luego solo se suele identificar y proponer para sanción a una parte de los asistentes, marchándose de rositas el resto.

Muchos de los organizadores de estas fiestas ilegales sacan pingües beneficios de las mismas, con lo que no tienen problema ninguno en pagar la multa con la que se les sancione y buena parte de los asistentes, ni tan siquiera acabarán pagando la sanción para la que se supone han sido propuestos. Todo esto nos lleva al absurdo de que por inoperancia jurídica, se este incentivando el intrusismo en el sector del ocio en lugar de perseguirlo y que por tanto resulte totalmente razonable la protesta de las patronales.

Por último vale la pena señalar que quienes cometen estas «infracciones administrativas» acaban transformando estas fiestas ilegales en focos de expansión del virus que nos martiriza desde hace más de un año, poniendo en evidente peligro la salud pública y por tanto el bienestar y la economía de todos. En ningún caso cabe actuar con tibieza ante estos hechos y si nos encontramos ante una situación de emergencia, las medidas para combatirla también han de ser de emergencia.

Ante la falta de contundencia y coordinación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ya se sabe lo que acaba ocurriendo; que a río revuelto suelen salir beneficiados los de siempre, los que actúan al margen de la ley.

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