El COVID ha invadido nuestras vidas, poniéndose por delante de cualquier otro problema. Las instituciones y las administraciones de nuestro país han dado prioridad a este virus que llevamos arrastrando durant un año y medio. No podemos avanzar y se nos olvidan otros inconvenientes sociales a los que se les debe dar voz. La diversidad funcional sigue siendo un problema en los centros y los altos cargos siguen sin darle visibilidad ni solución.
Cada día vemos familias que tienen que recurrir a la prensa o a la justicia para denunciar la vulnerabilidad de los derechos de sus hijos. Los recursos, las soluciones y las herramientas que necesitan estas familias las deben ofrecer las administraciones a los centros educativos para que todos los alumnos puedan educarse y aprender en igualdad de condiciones. Recursos que se deben asignar basándose en las necesidades de cada uno.
Aunque este año convivimos con el COVID y con todo lo que ello conlleva, este es un problema que sigue existiendo año tras año y en el que no se halla ningún tipo de solución.
Suena a tópico y quizá demagógico pero es que los alumnos con necesidades especiales tienen el mismo derecho que cualquier otro alumno a recibir una educación digna. Debemos fomentar que existan salidas profesionales para este alumnado, que con su formación, puedan elegir una salida laboral.
Se deberían adaptar todas las FP con los recursos necesarios porque ahora mismo son inexistentes. Solo tienen derecho a la educación especial una vez terminan la ESO lo cual significa que se está vulnerando así el derecho de este alumno a la educación inclusiva y, perdonen mi atrevimiento pero la exclusión escolar siempre conlleva a la exclusión social.
Además, es importante destacar las carencias que siguen vigentes en sanidad puesto que se deberían disminuir los tiempos de espera para la atención y realización de las pruebas pertinentes y recibir lo antes posible un diagnóstico.
Que se alarguen estos resultados significa que, a la hora de escolarizar a un alumno con diversidad funcional, a falta del diagnóstico no se le asignen las horas de profesionales de apoyo educativo hasta el curso siguiente lo que dificulta así el aprendizaje del alumno.
Se debe mejorar el protocolo de comunicación entre la Unidad de Salud mental Infanta-Juvenil y los equipos de Orientación Psicopedagógica de la Consellería de Educación junto con los centros educativos.
El objetivo debería ser: Fomentar el trabajo conjunto con la familia y darle la importancia que realmente merece a este tema. Los niños con diversidad funcional merecen su lugar.
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