Ni blanco ni negro. La esperada solución salomónica a la polémica sobre la operativa o no de los ferris en el puerto de Sant Antoni se ha cerrado con una alternativa totalmente gris. La llegada de un nuevo conseller de movilidad al Govern balear hacía albergar la esperanza a las dos partes en conflicto de que pudiera llegar una solución negociada y consensuada que contentara a todas las partes; más si cabe teniendo en cuenta que el nuevo responsable es ibicenco y se esperaba de él más empatía que la demostrada por su predecesor en el cargo, el defenestrado conseller Pons.
La primera decisión que el conseller Agustinet tomó sobre el tema en cuestión fue la de prorrogar la prohibición de que operaran ese tipo de barcos en el puerto de Portmany, prórroga que vencía a la finalización del presente mes de mayo. Según el nuevo responsable, esta última prorroga era necesaria ya que tenía la intención de seguir negociando con todas las partes implicadas con la voluntad de alcanzar una solución que todos pudieran aceptar.
El pasado jueves, en la última reunión del consejo de administración de Ports de les Illes Balears, se aprobó la decisión definitiva sobre lo que se quiere hacer por parte del ejecutivo balear con el puerto de Sant Antoni. La supuesta solución salomónica en realidad va a resultar una alternativa que sigue planteando muchos interrogantes de futuro y que en absoluto convence totalmente a las partes en conflicto. Lo aprobado está lejos de ser una solución consensuada.
Lo cierto es que Josep Marí Ribas tenia un papelón difícil de interpretar, sobre todo si tenemos en cuenta cuál era su opinión al respecto cuando era el alcalde de Sant Josep, ya que públicamente se mostró contrario a la recuperación de los ferris en este puerto, llegando a que su propio grupo municipal presentara una moción en este sentido y que fue aprobada en el pleno. Este posicionamiento chocaba frontalmente con la voluntad del Govern, que ya había tomado la decisión de que los ferris volvieran a Sant Antoni, asegurándose con ello los pingües ingresos que ello significa.
La solución aprobada consiste en permitir el regreso de este tipo de barcos comerciales con ciertos condicionantes, entre ellos que no superen los 65 metros de eslora y no transporten mercancías, lo que sigue dejando muchos interrogantes en el aire sobre el futuro de esta instalación portuaria. Lo cierto es que esta alternativa pasa por encima de las propuestas que se aprobaron en los plenos de los dos ayuntamientos que comparten la bahía de Portmany, Sant Josep y Sant Antoni, siendo el conseller el máximo responsable en su momento de uno de ellos. Ello supone claramente una patada en toda regla a la voluntad de ambos municipios.
Tampoco satisface a las navieras que pudieran operar en este puerto lo aprobado por Ports, ya que no ven viabilidad ninguna en operar las líneas con la península con barcos de eslora inferior a los 65 metros. Este posicionamiento sigue dejando en el aire la posibilidad de que se vaya a recuperar el tráfico comercial en el puerto en cuestión. En esta tesitura nos vamos a encontrar con unas instalaciones portuarias que se van a tener que acondicionar y mantener para seguir albergando servicios turísticos y comerciales simultáneamente, si bien cabe la posibilidad de que las navieras decidan no operar en estas condiciones.
Finalmente, quienes deciden lo que hay que hacer con la bahía de Portmany son el alcalde de Eivissa, a quien por cierto no le haría ninguna gracia que el resto de ayuntamientos de la isla le obligaran a hacer en el puerto de Vila lo contrario de lo que el hubiera decidido, y la presidenta del Govern, a quien desde Palma solo le mueve el mero interés de no perder ningún ingreso que pueda percibir el ejecutivo autonómico.
Por supuesto, quien peor parado sale de todo el embrollo es el conseller Agustinet, mostrándose incapaz de defender ni la voluntad de dos municipios ibicencos ni su propio posicionamiento. La sumisión por interés político no resuelve los problemas.
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