Después del rapapolvo que les dio Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears, así como su organismo homólogo en las Pitiusas, el PSOE se esfuerza ahora por intentar vender que su enmienda en el Senado blinda los pactos sucesorios.
Juristas, políticos y organizaciones de toda índole dieron la voz de alarma cuando constataron las pretensiones de la inagotable ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuyo afán recaudatorio abogaba por gravar la venta de bienes heredados mediante pacto sucesorio con una nueva legislación que pretendían que pasara desapercibida camuflada en una modificación del artículo 36.2 de la Ley del IRPF.
Cuando la opinión pública les delató, intentaron vestir esta macabra operación como un instrumento de lucha contra el fraude fiscal, nada más lejos de la realidad.
La formación socialista volvió a demostrar que sus representantes en el Congreso y el Senado tienen la misma influencia en Madrid que en Burkina Faso, amén de probar que están dispuestos a sacrificar las ventajas a nivel fiscal que ofrece la figura del pacto sucesorio con tal de alisarle el lomo a sus superiores de turno.
Su decisión fue entonces esperpéntica y su repentino ibicenquismo es ahora ridículo. No sólo fueron imprudentes metiendo en el saco de defraudadores fiscales a todos los ciudadanos que enajenaran un bien recibido mediante una herencia en vida, sino que ahora incluso tienen la osadía de querer sentarse en el trono de la defensa de nuestras figuras jurídicas propias mientras se atreven a atacar a todos aquellos que clamaron por tan magno desprecio hacia ellas.
Querían blindar un ingreso más para las arcas de Hacienda pero único que han conseguido blindar es su condición de legos en materia tributaria y en materia de derecho civil propio.
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Al PSOE se le ha visto clara la intención, la misma claridad que tendremos los perjudicados en las próximas elecciones