Cuba atraviesa una profunda crisis sanitaria, económica y política. Miles de cubanos han tomado las calles para protestar contra el gobierno presidido por Miguel Díaz-Canel. Como respuestas a las movilizaciones, se llevaron a cabo detenciones arbitrarias contra periodistas y activistas a manos de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado, así como cortes del servicio de Internet. Dentro de las violaciones llevadas a cabo destacan actos contrarios a la libertad de expresión, acceso a la información y al derecho a la manifestación. Es inaceptable que el gobierno cubano haya perpetrado los recortes de Internet, las detenciones arbitrarias y el exceso de la fuerza contra la población.
El gobierno de Cuba tiene que abstenerse de inmediato de continuar violando los derechos de las personas críticas a la posición oficial, y a garantizar la integridad de las personas que ejercen de manera legítima su derecho a la manifestación y a la libertad de expresión. Asimismo, la comunidad internacional tiene que pronunciarse a favor de los derechos de la ciudadanía cubana, con el objetivo de lograr un cambio en el país de manera pacífica.
Las autoridades cubanas, en vez de reprimir a la población, tiene que proteger y respetar el libre ejercicio de los derechos humanos de los ciudadanos. Díaz-Canel tiene que atender las demandas sociales, ante la crisis económica, el desabasto de alimentos y medicinas, el colapso del sistema de salud y las reivindicaciones para que se respete el derecho a la libertad de expresión. Por tanto, Díaz-Canel debería atender las anteriores reivindicaciones antes de hacer un llamamiento a los «simpatizantes del oficialismo a salir a las calles a confrontar a quienes protestaron». A eso se le llama incitar a la violencia.
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