La inhabilitación del diputado de Podemos por Canarias, condenado por agredir a un policía, pone de relieve que hay al menos un partido político que no sabe lo que es la división de poderes, ni cree en la independencia judicial, y evidentemente es capaz de forzar todo el sistema del Estado por un interés partidista. Ya empezaron a dar muestras de su nulo respeto a la Justicia hace unos meses cuando fue condenada la portavoz de Podemos en Madrid por reventar un cajero automático. A partir de ahí, salieron los principales dirigentes del partido criticando a los jueces, diciendo que hay intereses de no se sabe muy bien quién para criminalizar a la formación morada y otras chorradas varias que no se traga ni el trabajador que barre la sede.
Con el diputado canario se ha intentado dar un paso más, obligando a la presidenta del Congreso a incumplir una sentencia del Tribunal Supremo que estaba bastante clara: el diputado Alberto Rodríguez debía dejar su escaño condenado por darle patadas a un policía en su época del 15-M o de los círculos, que nunca se sabe. Hasta la principal dirigente de Podemos y ministra de temas sociales llegó a decir que Rodríguez fue condenado sin pruebas, que es lo mismo que afirmar que los jueces son unos prevaricadores, pero ahí sigue en el Gobierno tan a gusto. El espectáculo posterior no tiene desperdicio. Primero, Podemos anuncia una demanda contra la presidenta del Congreso, luego matiza y el demandante sería Rodríguez, pero a medida que ha avanzado este episodio la situación ha ido cambiando hasta la dimisión de parlamentario canario.
En una frase mítica, Rodríguez llegó a decir que al echarle del Congreso 65.000 ciudadanos canarios se quedarían sin representación cuando la realidad es que será sustituido por el siguiente de la lista de Podemos. Igual convendría que alguien le explicase a Rodríguez cómo funciona esto de las listas. Y al final tampoco habrá querella contra Batet. Se recurrirá al Constitucional la sentencia y punto. Este es el nivel.
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