Interior de una discoteca. | Pixabay

Durante muchos años nos han vendido la idea de que las macrodiscotecas (y más recientemente los hoteles discoteca) eran un ingrediente imprescindible e irrenunciable de la oferta turística de Ibiza. Esto significa, en una economía casi totalmente dependiente del turismo como la nuestra, que sin las grandes discotecas nos íbamos a empobrecer, a tener altas tasas de desempleo, a perder atractivo turístico para el mercado nacional e internacional, y finalmente a sufrir una grave crisis económica y social. Se nos decía que por estos motivos tan graves e indiscutibles, aparentemente medidos a golpe de porcentaje de PIB y de nivel de empleo, no era correcto ni sensato lamentar las molestias y el rosario de efectos colaterales negativos que van asociados a las macro discotecas y a su turismo de excesos. Para el Bien Superior de Ibiza, lo que tocaba era sufrir en silencio.

Luego ha llegado la pandemia, con el cierre forzoso del ocio nocturno para reducir el riesgo de contagios masivos de coronavirus, y eso ha destapado unas cuantas cuestiones: la temporada turística 2021 no sólo no ha sido ruinosa sin macrodiscotecas, sino que muchos negocios y zonas comerciales de la isla que habían ido perdiendo ingresos durante los últimos años, han resurgido y vuelto a prosperar. Y el desempleo no sólo no ha aumentado, sino que se ha reducido incluso en comparación con las tasas prepandémicas.
Las personas residentes han podido descansar mucho mejor, con la salvedad de las fiestas ilegales en casas de campo, que en todo caso han congregado un porcentaje muy pequeño de asistentes respecto al ocio nocturno habitual, y que las autoridades (en particular el Consell Insular) no han sido capaces de atajar pese a la llamativa y polémica contratación de investigadores privados.

Además, las macrodiscotecas han estado marcando durante muchos años el comienzo y el final de la temporada con sus openings y closings. Y como que estos negocios (en palabras de sus propios representantes) tienen un coste de gestión muy alto y por ello necesitan que haya muchísima gente en la isla para ser plenamente rentables, pues todos a aguantar que las temporadas (y los correspondientes contratos de trabajo) fueran cada vez más cortas y que la isla estuviera cada vez más saturada y masificada. Y menos mal que durante la legislatura pasada el Consell empezó a promocionar exclusivamente las ofertas turísticas que atraen a visitantes durante casi todo el año - como la oferta gastronómica, deportiva, cultural, familiar o de naturaleza - y cortar por lo sano la promoción turística del ocio nocturno, que antes se pagaba con dinero público. No podemos olvidar que el anterior gobierno insular del PP llegaba hasta el extremo tan grotesco de llevarse a los go go’s y los pasacalles de las discos a las ferias de turismo, siendo esa la imagen con la que querían asociar y promocionar Ibiza delante de todo el mundo.

Este año sin macrodiscotecas se ha alargado la temporada porque sin ellas ya no hacía falta una saturación de gente tan extrema para tener rentabilidad.

Otra cosa que hemos comprobado esta temporada es que el turismo asociado con las macrodiscotecas, además de los efectos colaterales negativos ya mencionados, también espanta y ahuyenta al turismo tranquilo y familiar que no es tan perjudicial para la calidad de vida de los residentes y que gasta su dinero en los pequeños negocios, tiendas, bares y restaurantes, redistribuyendo así la riqueza y colaborando a una economía local fuerte y sana.

Así, las macrodiscotecas han venido concentrando en muy pocas manos un alto porcentaje de los ingresos turísticos, mientras que sus brazos políticos y mediáticos nos tenían engañados a todos sobre su real importancia estratégica y económica para que aceptáramos resignados y sin pestañear que había que socializar (o sea pagar y aguantar entre todos) los costes económicos y sociales que esos mismos negocios generaban: los ruidos, la inseguridad y los atascos en las carreteras, el tráfico de drogas, la prostitución, los costes extra para las arcas públicas en seguridad y sanidad (especialmente las urgencias por abusos de alcohol y estupefacientes y por accidentes de tráfico o «balconing», peleas…), la pérdida de competitividad y de rentabilidad de otras ofertas turísticas, o la presión al alza sobre el precio de la vivienda.

Si al gasto de dinero público le añadimos el imponderable económico de las molestias que el turismo de clubbers genera a los residentes, y lo que resta a otras ofertas turísticas espantando su clientela y absorbiendo sus ingresos, pues parece ser que este negocio indirectamente subsidiado con dinero público no sería tan rentable (o quizás no lo sería en absoluto) si tuviera que correr de su bolsillo con todos los gastos que su actividad provoca.

A la luz de todo lo sucedido en esos últimos dos años, parece que las macrodiscotecas en lugar de un chollo nos han estado vendiendo la moto, y han venido a ser una macroestafa al conjunto de la sociedad ibicenca.

Sin embargo, existen soluciones para arreglar este desaguisado, una vez comprobado que hay vida después de las macrodiscotecas, y que es una vida bastante mejor para la inmensa mayoría de residentes: en Sant Joan hemos aprobado por unanimidad la prohibición de abrir macrodiscotecas, hoteles discoteca y toda clase de negocios molestos e indeseables en nuestro municipio. En Santa Eulària también vigen unos planteamientos parecidos. Estos dos municipios, ambos gobernados por el PP (cuando las cosas se hacen bien, sería sectario no reconocerlo), han prohibido la apertura de negocios que generan masificación, ruidos, molestias, problemas de movilidad y que atraen un tipo de turismo incompatible con su clientela tradicional, porque con el modelo de turismo tranquilo que ya tienen les va muy bien. Desde luego, pese a carecer de macrodiscotecas, estos municipios no padecen hambrunas ni ruina económica. Más bien lo contrario.

El resto de municipios de la isla, y muy especialmente Sant Antoni y Sant Josep (que concentran casi todos estos establecimientos), deberían tomar ejemplo y ponerles coto, prohibiendo tajantemente la apertura de nuevos establecimientos de este tipo y asegurando que los existentes cumplan estrictamente con las normativas. Y endurecer y agilizar el cobro de las sanciones, ya que actualmente su cuantía y su tramitación no resultan eficaces en absoluto. También sería importante endurecer las normativas sobre ruidos molestos, y tener la capacidad de controlar cada día el cumplimiento de horarios, aforos y decibelios. Se podría establecer un horario de cierre que sea bastante anterior al actual, solo con eso muchas cosas probablemente mejorarían. Y por supuesto modificar las normativas y las leyes autonómicas para que todos los locales que generen ruidos molestos tengan la obligación de estar cerrados e insonorizados, con independencia del tipo de licencia que tengan. El Consell podría tener también un papel importante colaborando en la armonización de las distintas normativas municipales.

Cuando un sector económico genera mucho más daño que beneficio al conjunto de la sociedad, el deber de las instituciones públicas es anteponer el bien común y el interés general a los intereses particulares - por muy pingues que éstos sean - y utilizar las ordenanzas y las leyes para reducir su peso hasta que deje de fastidiar.