Siempre leo con interés todo aquello que escribe Juan Mestre y admiro su trabajo. Es muy probable que discrepemos de casi todo lo que se puede discrepar, pero siempre me ha parecido más estimulante leer opiniones contrarias que no practicar onanismo intelectual leyendo solo a aquellos que piensan igual que yo.
En los últimos días ha publicado en este medio un artículo de opinión sobre los sucesos de Punta Arabí y sobre el fenómeno de la ocupación en general. A mi humilde parecer, el artículo cae reiteradamente en lugares comunes sobre la ocupación. Algunas afirmaciones son erróneas y otras parecen más aplicables a la problemática de la ocupación que existía en los 90 o principio de los 2000. Por eso he pensado en exponer mis argumentos en este artículo.
Empecemos por el principio. La descripción de los okupas como unos perroflautas vagos sin oficio ni beneficio, que tan bien se ilustra en la foto que acompaña al artículo en la versión web, es sencillamente falsa. Este perfil, que fue la imagen que se popularizó de la ocupación a principios de siglo, no se ajusta a la realidad posterior a la crisis de 2008. A partir de la crisis, que expulsó a muchísimos ciudadanos del mercado inmobiliario, los protagonistas de este fenómeno son mayoritariamente familias vulnerables. Según un informe del Institut Cerdà más de un 75 % de las ocupaciones no son conflictivas y mayoritariamente están protagonizadas por familias vulnerables. En palabras de uno de sus directivos, la mayor parte «son personas vulnerables y no problemáticas, a las que desde la administración y la sociedad no se le ha dado una alternativa a su situación».
Por otro lado, el artículo afirma que no se han modificado las leyes para que los jueces puedan actuar rápido y también que los propietarios pueden pasarse años y años para recuperar sus propiedades. Esto es un lugar común, pero es rotundamente falso.
Primero de todo, aquel que vea ocupada su vivienda habitual puede conseguir un desalojo inmediato al tratarse de un allanamiento de morada. Por otro lado, aquel que vea ocupado algún inmueble vacío de su propiedad podrá optar por un procedimiento civil de desalojo exprés. La ley actual que establece este procedimiento es de 2018 y fue aprobada por el PP, Cs, PNV y la antigua Convergencia, un grupo de partidos no precisamente amigos de los okupas. Actualmente los tiempos para recuperar un inmueble vacío por parte de un particular son de unas pocas semanas, no años. Solo bancos y fondos de inversión no pueden acceder a este mecanismo.
En palabras del portavoz de la conservadora Asociación de jueces Francisco de Vitoria tras un sondeo por juzgados de toda España «Todos nos dicen que la legislación ofrece instrumentos de sobra para actuar, no existe ningún desamparo». No parece que los jueces vean necesarios más cambios legislativos.
Tampoco parece que sea un fenómeno cada vez más habitual dado que, aunque es cierto que ha aumentado, las cifras son bastante ridículas. En 2019 hubo 14.621 denuncias de ocupaciones ilegales (y no todas ellas se confirmaron con condena). Por poner en contexto, hay 27 millones de viviendas en España, de las cuales 3’4 millones están vacías. Y la mayoría de ocupaciones son en inmuebles de entidades bancarias.
En definitiva, discrepo de la opinión de Juan Mestre. Desokupa no es una anomalía, ni la única alternativa, ni la demostración de los fallos de la legislación. Desokupa solo es un grupo de matones, cuyos clientes suelen ser fondos de inversión, que desalojan a familias usando métodos intimidatorios que bordean la ley.
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