La financiación de las diferentes comunidades autónomas de nuestro Estado es, desde hace años, un tema candente y motivo de controversia entre los distintos territorios. A pesar del tiempo que hace que unos vienen reclamando un cambio en el modelo de financiación autonómica y otros defendiendo el modelo actual, lo cierto es que sistemáticamente con la llegada del último trimestre del año y el trámite parlamentario de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado resurge el debate sobre la necesidad de revisar la formula que se viene aplicando.
Una de las bases fundamentales del actual sistema pasa por la existencia del llamado principio de solidaridad, por el cual las CCAA que más recaudan deben aportar a un fondo destinado a proporcionar más ingresos a aquellas que menos recaudan en sus territorios. En principio podría parecer que es esta una fórmula correcta para equilibrar los ingresos que cada comunidad recibe del Estado, pero la realidad permite como mínimo poner en duda que sea realmente un sistema justo. Cabe replantearse ese principio de solidaridad tal como se aplica con el actual sistema ya que, según los datos disponibles, resulta que solo tres autonomías aportan al citado fondo de solidaridad territorial, mientras que son doce las que se benefician del mismo.
Del total de autonomías, dos de ellas tienen aprobado, reconocido y recogido en su régimen foral un particular sistema tributario y, por tanto, su propio sistema de financiación autonómico. Las autonomías que aportan al fondo de solidaridad son Madrid, Cataluña y Baleares, siendo el resto las receptoras del mismo y, entre ellas, Andalucía como la más beneficiada.
Que el actual sistema perjudica gravemente a nuestra comunidad autónoma parece claro y para ello basta revisar un dato que lo ratifica con bastante claridad, ya que con él se escenifica que nuestras islas aportan al Estado bastante más de lo que reciben. Si tenemos en cuenta lo que se recibe por habitante con el actual sistema de financiación, queda claro que lo que se recibe está incluso por debajo de la media del total de las 15 autonomías computables. La media en cuestión está en 2.371 euros por habitante y Baleares recibe 2.200, mientras otras como La Rioja, Cantabria, Galicia y Extremadura están por encima de los 3.000.
Es por ello que, un año más, desde Baleares se expresa un evidente descontento con estas cifras. Desde el Govern se vuelve a plantear la necesidad de modificar el sistema y se hace una propuesta para que se pueda negociar. En la misma se habla de federalismo fiscal y se reclama que para hacer el cálculo se tenga en cuenta además de los preceptos utilizados hasta ahora otros como la insularidad o, en lo que se refiere a la población, además de la permanente de todo el año, la flotante debido al importante número de turistas que durante meses nos visitan y el gran número de trabajadores de otros territorios que residen en nuestras islas durante toda la temporada turística.
Sin duda, la reclamación es justa y, a pesar de la previsible oposición de los territorios más favorecidos por el actual sistema, debería tenerse en cuenta a la hora de revisarlo. Pero de nuevo nos encontramos ante una realidad y no es otra que el argumento que se utiliza en la reclamación ante el Gobierno de la nación. En ningún momento se tiene en cuenta a la hora de plantear lo que desde Palma se distribuye a cada una de las cuatro islas de nuestra comunidad autónoma.
La financiación que recibe cada una de las islas tampoco se ajusta a ese criterio de población que se esgrime ante Madrid y, a pesar de que tanto la población residente como la flotante donde más ha crecido estos últimos años ha sido en Eivissa y Formentera, esta circunstancia no se contempla a la hora de establecer la cantidad anual que debe recibir del Govern cada Consell Insular. Tampoco parece que haya ningún interés en plantear el principio de federalismo fiscal a la hora aplicar una justa descentralización territorial entre las cuatro islas. Estaría bien que todo ello se tuviera en cuenta y las Pitiusas dejaran de ser las peor tratadas desde Palma en cuanto a los ingresos que se distribuyen.
Está claro que a Madrid le cuesta aceptar la necesidad de revisar la financiación autonómica para que sea más justa y equilibrada, pero queda claro también que desde Palma no se vislumbra ninguna sensibilidad a la hora de establecer criterios más justos de reparto económico de puertas para dentro.
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