Exterior del Club Náutico de Ibiza en una imagen de archivo.

Si la prórroga de la concesión de la dársena náutico-deportiva en el Puerto de Ibiza, que desde 1927 viene ocupando el Club Náutico de Ibiza (CNI), se decidiera por votación popular, no cabe duda de que la casi centenaria entidad hubiese ganado por goleada frente a las dos entidades foráneas que en 2010 se presentaron al procedimiento de competencia de proyectos.

Es más, si las cosas fueran como deberían ser en el ámbito portuario, un terreno peculiar y pantanoso del Derecho Administrativo, el Club Náutico de Ibiza hubiese solicitado la prórroga y le hubiese sido concedida sin más trámites, para que siguiese haciendo por 50 años más lo que ha venido haciendo durante casi un siglo.

Pero lamentablemente en este ámbito portuario, donde hay más cosas oscuras y ocultas que visibles y transparentes; donde nada es lo que parece; donde se mueven millones de euros cada día y hay intereses cruzados; donde se pelea por gestionar y controlar el dominio público, que es de todos, puesto en manos de unos pocos; donde en ocasiones obtener una concesión significa hacerse rico y perderla puede suponer la ruina; las cosas distan mucho de ser como deberían.

Propósito inicial

Apunta la jueza Martina Mora, que investiga el conocido como ‘caso Puertos’ en su pieza separada relativa al CNI, que había un «propósito inicial (…) que el CNI permaneciera en la ocupación y explotación del dominio público portuario que venía ocupando».

En efecto, ese «propósito inicial» está generalmente aceptado entre la sociedad ibicenca y es extraño que la Policía Judicial no interrogue a todos los socios del CNI para conocer lo que piensan ellos de que su club esté siendo amenazado por el ignoto Club Deportivo Básico Doce Millas, del abogado y catedrático Francisco Javier Jiménez de Cisneros. Él fue quien en noviembre de 2009 informó en contra de que el CNI fuese considerado de interés estratégico y por tanto, contrario a que tuviese derecho a una prórroga de la concesión, para luego crear una entidad para competir contra el CNI y hacerse con la preciada dársena.

El propósito inicial de salvar al CNI no fue solo inicial, sino también general. De ahí que el PP presentase en 2009 mociones en todos los ayuntamientos de Ibiza, en el Consell d’Eivissa y también en el Parlament, que fueron aprobadas por unanimidad, para apoyar la prórroga de la concesión al CNI. O para que se vea de otro modo: habría que ver el terremoto político y social que se desataría en Ibiza si el CNI hubiese perdido la concesión y hubiese sido sustituido por ‘buitres foráneos’ movidos únicamente por un interés crematístico. Sólo pensarlo causa escalofríos.

Pero nada de eso tiene el menor valor para la jueza, que difícilmente podrá entender lo que significa el CNI ya que no vive en Ibiza, sino que refuerza la tesis de que la APB fabricó un traje a medida para que el CNI ganase el procedimiento y mantuviese la gestión de la dársena, y con ella su actividad deportiva y benemérita, ausente de ánimo de lucro.

Armengol y Gual de Torrella

Este viernes comenzaron a publicarse conversaciones de whatsapp entre el expresidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Juan Gual de Torrella, y la presidenta del Govern, Francina Armengol. Apostaría que habrá más, porque la propia jueza afirma que se han analizado 300.803 correos electrónicos de los principales investigados, una descomunal documentación que inevitablemente, acabará siendo publicada a conveniencia de cada cual.

Ante esto, el PSOE se ha limitado a decir que no tiene «nada que decir». Pero lo cierto es que sí tiene algo que decir y no poco, lo que no lo dice. Lo mismo que la mansión de Talamanca. Porque a estas alturas, seguir haciendo como que no pasa nada, es insólito. Claro que pasa. Y pasa mucho, porque pensar que la presidenta del Govern estaba al corriente de todo, ya no es una suposición lógica, sino una realidad incontestable.

No cabe esperar que Armengol haga lo que hizo la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, cuando tres terroristas del IRA fueron asesinados en Gibraltar por agentes de la inteligencia británica en marzo de 1988. Thatcher, presionada por la oposición, asumió toda la responsabilidad de lo ocurrido diciendo: «Yo disparé». A fin de cuentas Armengol no es Thatcher. Pero tampoco es admisible que disimule como si no hubiese pasado nada.

Desde luego, el hecho de que los socialistas ni siquiera nieguen las conversaciones de whatsapp publicadas, es muy revelador. Y desvela que la presidenta no quiere ser pillada en un renuncio. Pero de todos modos, acabará teniendo que dar explicaciones en el Parlament porque el PP no dejará pasar la oportunidad de desgastar al Govern con este escabroso asunto que tanto nos ha dado para escribir y más que nos dará.