Imagen de archivo del IMAS. | Maria Nadal

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Las informaciones que revela ‘El Mundo’ sobre el escabroso asunto de la explotación sexual a menores tuteladas por el Govern balear y que estaban al cuidado del Consell de Mallorca, no están basadas en conjeturas. Se publican partes de las diligencias instruidas por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Judicial. Ponen de manifiesto que el Govern y el Consell tuvieron conocimiento de la existencia de una red dedicada a prostituir a las menores, porque así lo denunciaron dos educadoras y, sin embargo, el asunto se ocultó hasta que saltó a la luz pública que una niña de 13 años había sido violada el 24 de diciembre de 2019 en Palma por media docena de jóvenes.

Ni el Govern ni el Consell de Mallorca han tenido nunca la menor voluntad de esclarecer lo sucedido y de arrojar luz sobre esta lamentable realidad por temor a las consecuencias políticas. Lo evidencia su negativa persistente, reiterada e infundada a constituir una comisión de investigación parlamentaria. Si nada hay que ocultar, ¿por qué oponerse a que se investigue qué pudo haber fallado en la Administración? Porque nadie quiere asumir la responsabilidad política en un asunto y en una materia tan delicada, que ya debía haber costado el cargo a más de un responsable político.

Pretender que aquí no ha pasado nada, como es el caso, retrata a quienes nos gobiernan, que están a un paso de culpar a la oposición de lo sucedido. Como siempre. Nunca admitirán ni el menor error.