Todos contra los jueces

Una sola gota carece de eficacia. Dos también. Pero el proceso continuo del goteo hace posible humedecer la tierra y poder extraer de ella los deliciosos manjares que, más tarde, podremos adquirir en el mercado.

Lo árido se convierte en fértil. Y todo gracias a unas pequeñas gotas que, persistentes, caen en el lugar correcto.

Este mecanismo puede aplicarse igualmente a la opinión pública. Si queremos que una idea determinada cale en la sociedad no basta con una noticia. Tampoco con dos. Se necesitan muchas más. Y éstas no pueden esparcirse demasiado en el tiempo. La memoria es frágil y los días la agrietan. Tanto es así que, cuando sale a la luz la segunda publicación, casi nadie recuerda lo que decía la primera.

La clave es elaborar un plan y seguirlo al pie de la letra. Por ejemplo, pongamos que, por cualquier razón, nuestro objetivo es desprestigiar a una institución. Y digamos que esta institución es el Congreso de los Diputados. Pues bien, si de los 350 diputados hay, por decir algo, diez que no han trabajado nunca fuera de la política, publicaremos todos los lunes la historia de uno de ellos. Es decir, durante dos meses y medio, todas las semanas, hablaremos a los ciudadanos de lo poco preparados que están nuestros diputados y de que la política, lejos de servir al bien común, es un medio de vida para todos aquellos que no han conseguido trabajo fuera de ella. Y no les quepa duda de que la idea calará.

Ahora bien, ¿es esto verdad? Ni mucho menos. Basta con entrar en la web del Congreso de los Diputados, paradigma de transparencia, para saber que sólo una pequeña parte de nuestros representantes se encuentran en la situación expuesta. Los demás, sean del partido que sean, son personas formadas y plenamente capaces para ejercer su función. Les animo a comprobarlo.

Desde hace un tiempo, determinados medios de comunicación han utilizado esta misma técnica con el objetivo claro de desprestigiar al Poder Judicial. Y al más puro estilo de Goebbels, que decía aquello de «una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad», han lanzado al viento consignas cuya falsedad puede fácilmente constatarse con una simple consulta a las estadísticas que elabora el Consejo General del Poder Judicial.

«Los jueces son de derechas ya que para preparar las oposiciones a juez hay que tener el apoyo económico de la familia».

Y yo me pregunto, ¿y para qué oposición no? Porque en España hay cientos de ellas y muchas requieren que el opositor pase varios años dedicándose exclusivamente a estudiar. ¿Son los bomberos de derechas?, ¿los funcionarios de Correos? Y, por otro lado, que unos padres hayan trabajado de sol a sol durante toda su vida y decidan dar a su hijo la posibilidad de prepararse una oposición, ¿ya convierte a todos los integrantes de la ecuación en votantes de la derecha?

Además, ¿qué me puede importar a mí que un juez sea de izquierdas, de derechas, del Barça o simpatizante de Greenpeace? Los jueces, según la Constitución, están sometidos al imperio de la ley, lo que significa que han de aplicar la ley, sea cual sea, emanada del Poder Legislativo, con independencia de si el Congreso que la aprobó tuvo mayoría de izquierdas o de derechas. Un juez no puede entrar (ni entra) a valorar si una ley es buena, mala o regular. Simplemente la aplica. Y luego, por la tarde, cuando acabe la jornada laboral, si ese día tiene suerte y sus amigos salen pronto de sus trabajos, quedará con ellos, pedirá una cerveza y, si sale el tema de conversación, podrá criticarla o no. Exactamente como hacemos todos. Basta ya de quimeras.

Otra de las consignas que sea corean es la siguiente: «En la Judicatura es habitual que padre e hijo compartan profesión». Y de nuevo, otra burda e irresponsable mentira proferida, tal vez, con el objetivo de hacer creer a la sociedad que la nuestra es una carrera endogámica.

A las pruebas me remito. Según la estadística que elabora anualmente la Escuela Judicial, de la actual promoción de jueces, compuesta por 171 jueces en prácticas, sólo el 7,02% tienen algún familiar (ni siquiera padre o madre, sólo familiar) que es juez o magistrado. El 19,3% dicen contar con un familiar que ejerce otra profesión jurídica, fundamentalmente la abogacía. Y el resto, la inmensa mayoría, más que absoluta, el 73,68%, nada que ver con el Derecho.

En resumen, si los ciudadanos no confiaran en la justicia, los juzgados estarían vacíos. Pero no es el caso. Están llenos, sobrecargados. A diferencia de lo que ocurre con los colegios electorales que, en cada proceso electoral, cuentan con menos votantes. Esto sí que es preocupante. Aunque todavía habrá alguien que dirá que el abstencionismo también es culpa de los jueces.

Queridos lectores, sean ustedes críticos y no crean siempre lo que les cuenten. Los datos son más fiables que las consignas.