Opinión Perpinyá sobre el caso Amadiba

Vicent Torres. | Daniel Espinosa

Joan Miquel PerpinyàIbiza07/02/23 0:30

El Consell d’Eivissa ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción y al juzgado de guardia la documentación sobre la presunta contratación irregular de la asociación Amadiba durante la legislatura pasada. Los abogados del Consell apuntan a la supuesta comisión de hasta cuatro delitos: negociaciones prohibidas, fraude, prevaricación y falsedad documental. La institución que preside Vicent Marí adeuda unos 2,2 millones de euros por servicios prestados por la entidad, pese a que no fue contratada de acuerdo a un procedimiento reglado que permita saldar dicha deuda. La contratación fue verbal, sin respetar el menor procedimiento, sin cobertura legal y sin aval de ningún técnico. De este modo, el Consell ahora no encuentra el modo de pagar por unos servicios que efectivamente se han prestado, pero que no constan como contratados legalmente por la institución. Mucho se ha tardado en trasladar a la Justicia este auténtico pufo.

Ya veremos en qué acaba judicialmente el asunto, porque pinta fatal y huele aún peor, pero desde el punto de vista político, el expresidente del Consell, Vicent Torres (FSE-PSOE), tiene el deber de comparecer públicamente y aclarar cómo se pudo encargar unos servicios a menores y personas con discapacidad, sin respetar supuestamente las normas que rigen la contratación pública. También la entonces consellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, y la directora insular, Judith Romero, ambas de Podemos, deben dar explicaciones. La grosera reacción del PSOE ibicenco a la actuación de la Justicia, calificando la denuncia de «ataque despreciable», «repugnante utilización de este asunto para intentar sacarle un rédito político», entre otras lindezas, demuestra, además de una notable falta de educación, un nerviosismo indisimulado, sobre todo si nada se tiene que ocultar.