Encaramos la recta final de la legislatura. Ya restan menos de 100 días para ir a votar a los representantes de los ciudadanos en los ayuntamientos, los consells insulars y el Parlament. Todos los partidos andan sacudiéndose de lo lindo y ningún ataque queda sin respuesta, como es lógico.
La izquierda ibicenca, liderada por el PSOE, recurre a las artimañas barriobajeras de costumbre para frenar al PP y lograr desalojar del poder al presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, al que alegremente se acusa de corrupción. Han fabricado artificialmente un caso endeble, que se sostiene únicamente gracias a las objeciones presentadas en 2020 por la interventora Marian Tur, a la contratación por la vía de urgencia del vídeo La vida islados tras el confinamiento, en plena pandemia, para promocionar turísticamente Ibiza en una coyuntura crítica.
La interventora, representada por el abogado y exfiscal anticorrupción Pedro Horrach, se ha personado en la causa y acusa a Marí de coacciones. A Vicent Marí, que fue interventor ¡muchos años antes que ella! El Consell dispone de tres informes jurídicos que avalan aquella decisión, pero eso al PSOE le importa un bledo. Se remite el caso a la Oficina Anticorrupción de les Illes Balears, cuyo director fue designado por el tripartito que integra el Govern (PSOE, Podemos y Més per Mallorca). Esa oficina lo envió a la Fiscalía Anticorrupción, que meses después, y sin interrogar al principal investigado, presentó una querella en el juzgado, acusando a Vicent Marí de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones.
Todo está cuidadosamente programado para que el presidente del Consell deba acudir a los juzgados de Ibiza a pocos meses de las elecciones. A ver si así, a la desesperada, logran hacer mella en su imagen de eficaz gestor, que le acompaña desde que fuera alcalde de Santa Eulària entre 2007 y 2021, siempre con mayoría absoluta.
Contrataque
El PP no se ha quedado de brazos cruzados. Teniendo sobre la mesa un asunto auténticamente escandaloso, como es la contratación verbal por parte del Consell d’Eivissa durante el mandato del presidente socialista Vicent Torres, de la ONG de atención a las personas con discapacidad y a sus familiares, Amadiba, a la que se adeudan más de dos millones de euros que no hay forma legal de pagar, los populares han respondido con la misma moneda y tras lograr un dictamen jurídico que apunta la posible comisión de varios delitos, ha remitido el caso a la Fiscalía y al juzgado.
Incapacidad de gestionar
«Podemos, más allá de su discurso a favor de los más desfavorecidos, de las mujeres, de los refugiados, de los desheredados de la tierra, demuestra una patente incapacidad de gestionar que asusta». Es cita literal de mi artículo titulado No solucionan los problemas, sino que los agravan, publicado el 17 de febrero de 2018. Fue dos días después de que la supuesta máxima responsable de la ‘contratación’ de Amadiba, la consellera de Sanidad y Bienestar Social, Lydia Jurado, defenestrase a Pepa Catany, la responsable del hospital residencia Cas Serres, el centro sociosanitario más importante de la isla, dependiente del Consell.
Entonces se la acusó de gestión negligente y del retraso en el pago de nóminas del personal eventual, entre otros cargos. Si por este retraso en el pago de nóminas, Podemos destituyó a Catany, ¿qué se supone que habría que hacer ahora con Lydia Jurado por la imposibilidad de pagar a Amadiba?
Y es que lamentablemente comprobamos que Podemos y sus dirigentes son magníficos políticos populistas, hábiles en el enredo y en despistar al personal, en vender humo, en lanzar tormentas de ideas en forma de ocurrencias para resolver el problema de la vivienda, como está haciendo estos días Gloria Santiago; pero absolutamente incapaces de resolver ningún problema, sólo capaces de agravarlo.
Ley ‘sueltavioladores’
Las consecuencias negativas de la nefasta Ley ‘Sólo sí es sí’, impulsada por Podemos, ya han llegado también a Ibiza. Un violador que estaba en prisión ha sido puesto en libertad en aplicación de tan magnífica norma, a decir de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Si a la vista de este desastre legislativo, por el cual nadie ha asumido la menor responsabilidad ni se prevé que lo haga, alguien sigue defendiendo esta aberrante Ley, entonces los ciudadanos deben tomar buena nota de lo que han perpetrado quienes han aprobado la rebaja de penas de depredadores sexuales.
En el Congreso de los Diputados hay tres ibicencos: Sofía Herranz (PSOE), Miquel Jerez (PP) y Patricia de las Heras (Vox). Y cuando la fatídica Ley fue aprobada, había una senadora socialista, Patricia Abascal. Tanto Herranz como Abascal votaron a favor de esta calamitosa norma. Ténganlo en cuenta la próxima vez que las vean pidiéndole el voto, a no tardar. ¡Que se lo vaya a pedir al violador que han dejado suelto gracias a la espléndida Ley que ellas bendijeron con su voto!
1 comentario
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Que paguen a Amadiba con su propio dinero, empezando por Torres. Y si no le basta, que le ayude a pagar el partido.