El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. | Eduardo Sanz - Europa Press

Dos noticias han estado copando buena parte de las informaciones de todos los medios de comunicación en los últimos días. Por un lado, está el salario para este año que se ha fijado para sí mismo el presidente de la patronal española y, por el otro, tenemos la reciente aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional para el colectivo de empleados.

Evidentemente hablamos de dos mundos radicalmente distintos como son el de los grandes directivos de empresas en nuestro país y los trabajadores que menos cobran por su jornada de trabajo. Pero miren por dónde esos dos mundos tan distanciados entre sí acaban interrelacionándose y no precisamente por sus semejanzas, más bien por sus brutales diferencias.

Mucho se ha hablado de la polémica negociación del incremento que cabía aprobar para un SMI que estaba en 950 euros. Horas y horas negociando y debatiendo si las empresas de este país se podrían permitir el lujo de incrementar lo que cobran sus empleados peor pagados. Tres cifras se han estado manejando durante semanas, que si había que subirlo a 1.040, a 1.080 o se podía llegar ya este mismo año 2023 a los increíbles 1.100 euros mensuales.

Finalmente, la negociación entre la parte sindical y el Gobierno cerró el acuerdo en los 1,080 euros, es decir, en la cifra intermedia. Pero como podrán observar el acuerdo se firmó solo a dos bandas ya que la tercera en discordia que debería haber participado en la negociación y se negó a hacerlo, la patronal, decidió no perder su tiempo sentándose con las otras dos partes interesadas en la negociación.

Nada más conocerse la noticia, el señor Garamendi, presidente de la citada patronal, puso el grito en el cielo. Anunció graves problemas en todas y cada una de las empresas de este país a raíz de tener que cumplir con este acuerdo a partir del mismo mes de enero del presente 2023. Los catastrofistas representantes de la derecha política española, con el PP a la cabeza, se sumaron por supuesto a ese descontento, anunciando un apocalíptico y negro futuro para la economía de nuestro país.

Curiosamente esos oscuros augurios no se han cumplido en ningún caso y por mucho que le disguste a la casposa derecha española nuestra economía es de las que mejor está aguantando en la Unión Europea, los zarpazos que propinó en su momento la pandemia y actualmente la guerra en Ucrania.

Pero volvamos a los dos diferentes mundos a los que me refería al principio y al por qué los veo así. Como he señalado, la derecha española y la patronal, que tradicionalmente van de la mano, afirmaban que un aumento mensual de 80 euros a los trabajadores que cobraban menos de 1.000 iba a arrastrar a la ruina toda nuestra economía, afirmando por tanto que el citado incremento era insostenible.

De repente, otra noticia acapara la atención de las portadas de todos los periódicos, los boletines de noticias de las emisoras de radio y los informativos de todas las cadenas de televisión; el señor Garamendi, personaje que está al frente de la patronal en España, pasaría a cobrar un sueldo anual de cerca de 400.000 euros por esa función que sigue desempeñando. Su sueldo anterior estaba en unos 350.000, por lo que se adjudicó una subida que si bien no se conoce a ciencia cierta está claro que oscila entre los 30.000 y los 50.000 euros anuales.

Parece claro que su caso está muy alejado de los nuevos mileuristas que pasan este año a cobrar los 1.080 euros mensuales y que, a pesar de ello, seguirán teniendo muchísimas dificultades para poder llegar con una mínima dignidad a final de mes. Para más sorna, el aumento del salario del señor Garamendi prácticamente se lo ha aprobado él mismo, sin necesidad de perder horas negociando.

Si, según la patronal y la derecha política, 80 euros más al mes para aquellos que venían cobrando 950 pone en peligro la estructura económica de España, ¿qué repercusión podemos pensar que pueda llegar a tener una subida muy superior a los 30.000 euros anuales para esa misma, para ellos, maltrecha economía?

Resulta, sin duda, una auténtica desvergüenza el atronador silencio de esa misma derecha agorera en cuanto a ese caso. Aquí no se ve ningún riesgo, ni peligro. Ese sueldo de casi 400.000 euros les parecerá ajustado o incluso insuficiente. Mientras, seguirán opinando que 1.080 euros mensuales está muy por encima de lo que un ser humano pueda necesitar para llevar una vivir dignamente.

La brecha entre los directivos de las empresas y sus empleados se agranda a pasos agigantados y eso parece importar muy poco a algunos portavoces empresariales y a los representantes de la derecha política. Ahora mismo sus mermadas capacidades no les dejan ir más allá de oponerse al aborto y machacar con esa ley del solo sí es sí, que ya está en proceso de necesaria corrección. Lo cierto es que no dan para más.