Vista de Formentera. | Archivo

Por muy difícil y complicado que sea, creo que no hay nada que, a medio y largo plazo, se resista a una firme voluntad política de gobernar para quienes más lo necesitan.

La situación de la vivienda en Formentera es incluso más grave que la de Ibiza, aunque en cifras absolutas afecta obviamente a un menor número de personas.

Los precios altísimos y las ofertas insalubres expulsan de la isla un goteo de familias mes a mes. Los problemas para encontrar personal afectan, desde hace tiempo, también a las empresas y a los negocios. La falta de funcionariado impide unos Servicios Públicos de calidad que ofrezcan una atención digna a la ciudadanía.

La situación es sencillamente insostenible: ha llegado el momento de cambiar de forma profunda y contundente las políticas de la máxima institución insular.

No olvidemos que el Conselll de Formentera es también Ayuntamiento y por tanto sus competencias en materia de vivienda, urbanismo, atención social a la ciudadanía, y muchas otras, le permiten implementar un amplio abanico de medidas políticas para mitigar la actual situación de crisis en materia de vivienda, empezando por declarar oficialmente la Emergencia Habitacional en la isla de Formentera.
Para abordar un problema, el primer paso es señalarlo, reconocerlo y a partir de allí empezar a hacer políticas destinadas a paliar el problema.

El hecho que Formentera no sea declarada en situación de Emergencia Habitacional pese a las evidentes dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible, es una negligencia política que responde a intereses que, desde luego, no son los de la mayoría de ciudadanía de la isla.

Una vez asumido que tenemos un problema capital con el acceso a la vivienda, ahora sí, vamos a ver qué se puede hacer en esta materia:

Lo primero, por supuesto, es exigir y facilitar la implantación de las medidas de nivel superior. Pero sobre todo, Formentera necesita un Gobierno local con auténtica voluntad política de poner el interés general de las mayorías sociales por encima del interés particular de grandes empresarios y grandes propietarios de la isla.

La política es para defender los derechos de la gente corriente y eso supone estar en el lado correcto del tablero. Salir públicamente a decirles a quienes viven y trabajan en Formentera que aquí se ha acabado especular con la vivienda. Que la vivienda es para que vivan las familias y la gente trabajadora, para que se independicen nuestros jóvenes y no tengan que irse de la isla. Y que Formentera entera sepa que su Consell está del lado de la gente trabajadora.

Decir alto y claro que aquí no se va a otorgar ni una sóla licencia más de vivienda vacacional, alquiler turístico o como lo quieran llamar. Que la oferta ilegal de alojamiento turístico tiene los días contados , que pasará a la historia en Formentera porque el Consell insular está decidido a erradicarla.

Decirles con todo el cariño a propietarios y propietarias de viviendas que les va a interesar muchísimo más alquilar su vivienda a un precio razonable, y solucionarle la vida a una familia, que mantenerla cerrada todo el año para alquilarla unos meses en verano y exponerse al riesgo de unas sanciones ejemplarizantes y contundentes. Mientras que quienes ofrezcan contratos de alquiler residencial a precios asequibles contarán con medidas compensatorias, para que les resulte más atractivo.

Porque conseguir rescatar vivienda del mercado turístico y devolverla al mercado residencial (de donde nunca debería haber salido) es también responsabilidad de quienes las tienen en propiedad, y que ha llegado el momento de hacerse corresponsables de la situación de emergencia que se vive; entre otras cosas, porque los mismos propietarios en muchos casos se ven personalmente afectados por la falta de personal y de funcionarios para los Servicio Públicos.

Y también por responsabilidad social con sus vecinos y vecinas porque lucrarse con la especulación de la vivienda, sabiendo la crisis que están padeciendo miles de personas en la isla y lo insostenible que es este modelo ya no es una actitud o una actividad socialmente aceptable, porque es claramente contraria al interés general.

Formentera y su gente tienen que saber que la máxima institución insular de Formentera, el Consell, está clara y diáfanamente de su lado, y que se va a hacer todo lo que sea humanamente posible para frenar esta escalada de precios, revertir la tendencia y aunque sea en un medio y largo plazo, conseguir que se pueda vivir dignamente de alquiler en Formentera.

Existen muchas otras medidas locales, como dotar de personal y competencias la Oficina de la Vivienda para que realmente sea un servicio público eficaz que tanto se necesita en la isla, actuaciones de carácter urbanístico o apelar a grandes empresarios para que se preocupen de buscar vivienda digna a su personal, pero sin duda acabar con el uso turístico de viviendas residenciales es el eje principal de las nuevas políticas de vivienda que Formentera necesita.

Trabajar desde el Consell para conseguir que la ciudadanía viva mejor es absolutamente imprescindible, y la voluntad política es, sin duda, la chispa necesaria para empezar a hacerlo posible.