Si nos paramos a pensar qué situación puntual es capaz de provocar un sorprendente, inesperado e increíble cambio de guion en la política; sin duda la mayoría coincidiremos en que esa situación no puede ser otra que la proximidad de unas elecciones y el hecho de que todos los partidos estén ya inmersos en las semanas que se conocen como pre campaña.
Y eso es precisamente lo que ha ocurrido esta semana en nuestro Parlament, en el que todos los grupos políticos del mismo han firmado una especie de pacto por la vivienda con la Red para la Inclusión Social (EAPN-Baleares). Se trata de un documento de acuerdo redactado en el marco del denominado Pacto por la inclusión Social, en el que se pretende resaltar algo tan evidente como que poder acceder a una vivienda digna, es un derecho de toda la ciudadanía. Y quiero resaltar lo de que es «evidente», ya que se trata de un derecho que recoge nuestra propia Constitución Española, que en su artículo 47 dice con absoluta claridad que: «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada...».
En este mismo artículo de nuestra Carta Magna, también queda meridianamente claro que han de ser los poderes públicos quienes hagan lo necesario para que tal derecho se haga efectivo. Y precisamente alrededor de esa premisa recogida en la Constitución, se negocia y acuerda un documento en el que se destaca que el acceso a la vivienda es a día de hoy un enorme problema social, por no decir el mayor. Entre los argumentos que han hecho que se llegara a la situación actual, se citan en el marco de este acuerdo, el déficit de vivienda pública, la carestía de los materiales o la inflación, entre otros.
Pudiendo ser ciertos todos y cada uno de los motivos relacionados en el citado documento, me da la sensación de que se han dejado en el tintero los dos que actualmente son los que más incidencia tienen a la hora de determinar la gravedad del problema. Los dos motivos olvidados son: la volatilidad del mercado y la avaricia de muchos propietarios de inmuebles.
Está claro que el libre mercado en el sector inmobiliario solo provoca aumento de los precios, tanto para compra como para alquiler. El principal, o más bien único precepto que rige en cualquier tipo de operación inmobiliaria, es el de obtener el máximo rendimiento económico, sin que ese libre mercado contemple ningún otro criterio que se pueda o deba tener en cuenta. Y es por esto precisamente, junto a la proximidad de unos comicios electorales, que el anuncio del citado acuerdo de todos los grupos políticos, suena a pura ficción.
La realidad es tozuda y nos demuestra cual es el camino real por el que transitan los partidos. Siguen en la misma senda de siempre, la del enfrentamiento y a la búsqueda del derribo del rival. En líneas generales, pero muy especialmente en nuestras islas, no parece que impere el espíritu de unidad que nos han querido vender con el anuncio de este acuerdo. El día a día es muy distinto de la foto que todos juntos se hicieron con la Red de Inclusión Social.
La necesaria unidad de acción para aprobar y aplicar medidas realmente efectivas que hagan frente al escenario de abuso permanente en los precios de los alquileres, brilla por su ausencia. El supuesto espíritu de consenso que ha sobrevolado el Parlament, no va más allá de las puertas de esa Cámara. Lo que ocurre fuera de las paredes del edificio legislativo es muy distinto a lo que se ha querido escenificar, lo demuestran los hechos.
Para muestra de que la realidad es muy distinta basta citar algunos ejemplos; se ha presentado un informe sobre el Censo de Vivienda en el municipio de Vila y, lo que podría ser un punto de partida para alcanzar un consenso y trabajar unidos, sirve para criticar lo mal que lo hace tu rival político. Lo mismo ocurre con el ya famoso proyecto de más de 500 viviendas sociales en Can Escandell, que hasta hoy solo ha servido para que la oposición critique al equipo de gobierno municipal y a este para tratar de escenificar lo bien que lo quieren hacer.
Hace años ya que todos saben que el gravísimo problema de la vivienda debe tratarse como un tema de Estado. Que haciendo la guerra cada partido por su cuenta va a ser muy difícil solucionarlo cuanto antes. Es necesario tomar consciencia de la realidad, muy especialmente de la de nuestras Pitiusas.
La propia Constitución Española marca el camino a seguir. Son los poderes públicos los que han de promover las condiciones necesarias para que el derecho a una vivienda digna y asequible sea una realidad. Ya no cabe, por lo tanto, pretender dejar que sea el libre mercado quien marque las reglas, esperando que estas sirvan para arreglar algo.
Hay que aprobar y aplicar ya medidas drásticas y efectivas a corto, medio y largo plazo; hay que atacar sí o sí los alquileres abusivos e indecentes. Las administraciones deben ponerse manos a la obra y de forma coordinada y real, sin ficción.
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