La Asociación Insular de Tiro Olímpico de Eivissa ha denunciado ante la Guardia Civil y la Dirección Insular de la Administración General del Estado que en Formentera la policía realiza prácticas de tiro en es Ca Marí, una zona que «no está homologada».

«Que se permita hacer estas prácticas de manera excepcional a fuerzas y cuerpos de la seguridad del estado no justifica que la actividad es muy peligrosa», aseguran desde la directiva del campo de es Cap Martinet, que alertaron que se está realizando esta actividad «asumiendo unos riesgos muy importantes».

Según aseguraron, actualmente todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de Eivissa y la Guardia Civil de Eivissa y Formentera realizan sus prácticas en su campo, que «es el único legal y homologado de las Pitiüses». La asociación explicó ayer que con ellos se ha establecido unos convenios anuales para que les resulte más económico y en los que reservan los día que van a ir y hacen sus prácticas «de una manera segura». «Hace años, también la policía local de Formentera en varias ocasiones utilizó nuestro campo de tiro para realizar sus prácticas a un precio de 31,36 euros + IVA por agente y día», apuntaron.

Desde la asociación insisten que «convertir un acto policial en una pachanga de amigos en el campo dando tiros, exponiéndose a sufrir o provocar un accidente por ahorrar unos 900 euros anuales, nos parece de locos». Por este motivo, han decidido denunciar estos hechos que consideran «muy graves y que pueden atentar contra la integridad física de las personas», por lo que esperan que «recapaciten» y no pongan más en riesgo «ni a ellos ni a otras personas».

La asociación recuerda en la denuncia que el artículo 1.4 del Real Decreto 137/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Armas «quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento, y se regirán por la normativa especial dictada al efecto, la adquisición, tenencia y uso de armas por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia. Para el desarrollo de sus funciones también quedan excluidos de los establecimientos e instalaciones dichas fuerzas y cuerpos y del Centro Nacional de Inteligencia».

Ante esta normativa, alegan que «resultando las instalaciones donde se practican las tiradas, propiedad del ya extinto club de tiro local, y no, de la Policía Local o de cualquier otra Fuerza y Cuerpo de Seguridad, la normativa del Reglamento de Armas resulta de obligado cumplimiento». Es por ello que exigen «responsabilidades, administrativas o penales, que en su caso pudieran derivarse».