El Juzgado de Instrucción Número de 4 de Eivissa ordena en un auto fechado el pasado 29 de mayo, la apertura de juicio oral por un presunto delito de prevaricación administrativa en el Caso Punta Prima de Formentera, lo que previsiblemente llevará al banquillo al presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer y a tres de los que todavía son sus consellers, Sonia Cardona (Educació i Cultura), Silvia Tur (Medi Ambient), Bartomeu Escandell (Hisenda i Presidència), así como a Josep Mayans, que en el 2008, cuando se creó el Consell de Formentera, asumió las competencias de Turisme.
El auto recuerda que la parte querellante (la sociededad Sunway, propietaria de unos terrenos ubicados en Punta Prima) promovió un proyecto urbanístico en esta zona y desarolló la primera fase hotelera del mismo y que la entidad querellante cuenta con una resolución judicial del 3 de mayo del 96 en el que se establece que el suelo es urbano. «Tenemos tres sentencias del Supremo que declaran nuestros derechos urbanísticos sobre determinados terrenos en Punta Prima; si la sentencia dice que el suelo es urbano, la ejecución de la misma es que se construya. Para evitarlo, el Consell de Formentera aprobó los terrenos como suelo público de cesión gratuita al Consell», explicó Leo Stöbe, abogado y representante de la sociedad Sunway.
El auto prosigue que en el año 2005 el Ayuntamiento de Formentera aprobó de manera provisional el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) en el que se asignan usos residenciales privados (7.930 metros cuadrados) y equipamientos de 18.266 metros cuadrados. La reforma del Estatut d’Autonomia creó que el Consell de Formentera en cuyo primer gobierno se encuentran las personas contra las que se querella la sociedad: el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, Sonia Cardona, que era vicepresidenta primera; Bartomeu Escandell, conseller de Promoción Económica y Territorio; Josep Mayans, que por aquel entonces era conseller de Turisme y Silvia Tur, consellera de Medi Ambient. El auto continúa diciendo que hay «actos u omisiones» que ejecutaron los querellados «de manera conscientemente arbitraria o injusta y con transcendencia jurídica».
«Grosera y arbitraria»
El escrito refleja, en este sentido, que cuando el equipo de gobierno liderado por Jaume Ferrer llegó al gobierno paralizó la aprobación definitiva del PERI. En cuanto a las Normas Subsidiarias que aprobó de manera definitiva la máxima institución insular de Formentera en el 2011, que declararon los suelos de Punta Prima como «espacios libres públicos de cesión gratuita al Consell», el texto dice que esto que constituye «una auténtica incautación o despatrimonalización groseramente arbitraria».
Cabe recordar que una sentencia del TSJ avaló la aprobación de las Normas Subsidiarias del Consell de Formentera, por lo que el equipo de Gobierno de la máxima institución insular de la pitiusa menor manifestó ayer su «sorpresa» por la orden de apertura de juicio oral. «El TSJ confirmó que las NNSS aprobadas se ajustan a la ley y este auto sorprende porque contradice al TSJ», explicó Bartomeu Escandell, conseller de Territori, quien precisó que el equipo de Gobierno de Formentera respeta al máximo los procedimientos judiciales y, precisó, defienden el territorio «y no los inteses de promotores privados».
La sociedad promotora del complejo de Punta Prima, por su parte, recordó que el equipo de Jaume Ferrer concurrió a las elecciones municipales «ocultando a los electores que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 4».
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