Los consellers del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz y Gabriela Mayans, valoraron ayer en rueda de prensa el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de febrero de 2014, y que anula la nueva delimitación de los cascos históricos de Sant Francesc, Sant Ferran y La Mola aprobada en 2010 por el equipo de gobierno que en aquellos momentos formado por Gent per Formentera y PSOE.
Sobre este asunto, José Manuel Alcaraz, hizo hincapié en «la necesidad de priorizar tres aspectos concretos: la seguridad jurídica para todos los afectados, el consenso de cara a la futura revisión normativa urbanística, y la reclamación de las correspondientes responsabilidades políticas».
«El PP tiende de nuevo la mano a GxF para llegar a acuerdos relacionados con el futuro urbanístico de la isla, como ya hizo en 2010 y en 2014 con la reforma del PTI y, ante la primera sentencia contraria, abrimos ofertas de diálogo y colaboración que fueron rechazadas en su momento y esperamos que a la tercera vaya la vencida y lleguemos a un acuerdo», apuntó el portavoz del principal partido en la oposición en el Consell Insular.
«Limbo legal»
A raíz de la resolución judicial, Alcaraz manifestó que, «todas las licencias otorgadas desde 2010 en los núcleos históricos urbanos de La Mola, Sant Ferran y Sant Francesc, quedan en un «limbo legal» y precisan que se las dote de seguridad jurídica». En este sentido añadió que, «debido al fallo inicial del TSJB de 2014, se encuentran en suspensión todas las licencias solicitadas para obra mayor, segregaciones, unidades de actuación y licencias de actividades; una «moratoria encubierta» que desde el PP hemos denunciado de forma reiterada».
Asimismo el representante popular expresó el incumplimiento de un «pacto por el territorio» a debatir en el Consell d’Entitats y que, a su juicio, «no se ha cumplido junto a lo relativo a la prohibición de construir en zona ANEI».
Por otra parte, Alcaraz recordó que la sentencia judicial mantendrá paralizadas infraestructuras educativas como el nuevo colegio público y escoleta de Sant Ferran y la escuela de primaria con la que se pretende ampliar la oferta educativa en Sant Francesc.
Para Alcaraz, «a partir de esta última sentencia toca empezar de nuevo y volver a demorar proyectos necesarios como los antes mencionados, y cuando se promulgó la primera sentencia, en 2014, el PP pidió la destitución del entonces conseller de Urbanisme, Bartomeu Escandell, pero no se nos hizo caso diciendo que esto se arreglaría con el recurso ante el Tribunal Supremo».
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