Ca ses Castellones, un ejemplo de mala gestión política

Los costes para las arcas municipales comenzaron hace ya casi cuatro años. En concreto, en octubre del año 2012 el Consell de Formentera tuvo que hacerse cargo de forma subsidiaria de los costes de demolición del Centro Comercial de Sant Ferran, unas obras construidas en base a una licencia de obras municipal. Esta demolición la llevó a cabo la empresa Erri-Berri con un coste de 83.038 euros

Pero los costes continúan. La sentencia más reciente dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo de Palma de Mallorca, con fecha 17 de junio de este año, fija una propuesta de indemnización que supera el millón y medio de euros y que la institución insular debería abonar a la promotora de los edificios comerciales construidos en Sant Ferran, la empresa Plaça de Sant Ferran S.L. La sentencia no es firme y cabe recurso por parte de la institución municipal para intentar rebajar esta cuantía. Los dirigentes del Consell de Formentera presumiblemente intentarán recurrir esta decisión judicial aunque no han querido hacer ninguna declaración al respecto.

La institución insular luchará presumiblemente para que la cuantía que tenga que pagar al final en concepto de indemnización se aproxime al coste real de la construcción. Recordemos que la empresa promotora declaró oficialmente un presupuesto de obra de 507.586 euros para la construcción de los tres edificios comerciales.

Y junto a la indemnización anterior todavía queda pendiente de resolver otra reclamación patrimonial interpuesta contra el Consell de Formentera por un particular que es propietario de parte del solar de Ca ses Castellones. Se trata de Paco Mayans, una persona que mantuvo un litigio por una disputa de propiedad, ya resuelto a su favor, de los terrenos de Ca ses Castellones. Los juzgados ya han dado la razón a este vecino de Sant Ferran por haber derribado también de manera irregular una construcción de 95 metros cuadrados que era de su propiedad. «Entiendo que la licencia de construcción del centro comercial se dio de manera irregular porque no puedo entender cómo se puede otorgar una licencia para un proyecto que ocupa 1.068 metros si sólo certificas 1.000 metros», apuntó ayer este vecino.

Paco Mayans insiste en que hay que tener en cuenta que en el terreno afectado de Ca ses Castellones había dos casas y que la sentencia que anula la demolición de la casa payesa también obliga a la reposición de las cosas a su estado anterior al derribo, por lo que afecta también a la otra construcción. «El juez ha dicho claramente que la casa era mía y que no se podía derruir», declaró Mayans. En este caso la reclamación patrimonial interpuesta contra el Consell de Formentera por el derribo de la edificación supera el millón de euros.

La reconstrucción

El 4 de febrero de 2009, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia daba la razón a una demanda de tipo patrimonial interpuesta por el arquitecto Salvador Roig, que anulaba la licencia de obras del centro comercial, obligaba a su demolición y pedía que se restituyeran los terrenos a su estado anterior. Esta restitución de las cosas a su estado anterior implica la reconstrucción de la antigua casa de Ca ses Castellones y también de la otra edificación existente de Paco Mayans construida en 1965, unas reconstrucciones que presumiblemente también tendrá que asumir el Consell de Formentera.

Tanto el arquitecto Salvador Roig como los abogados que llevan el caso de Ca ses Castellones han afirmando que ya han pedido la ejecución de la sentencia para que se proceda a la reconstrucción de la casa payesa. Según explica la abogada Maite Ferrer, de Gómez Ferrer Advocats, este trámite sigue su curso y se está a la espera de la resolución judicial que permita el inicio de la reconstrucción. «Se ha pedido la ejecución de la sentencia y el juzgado ha requerido al Consell que presente fotos del estado actual del solar, cosa que el Consell ha hecho de forma reciente, en concreto el pasado 16 de junio, y estamos pendientes de resolución judicial», afirma la abogada.

El arquitecto Salvador Roig recuerda finalmente que todo el tema de Ca ses Castellones ha sido un ejemplo de mala gestión política y un cúmulo de despropósitos que va a acabar con el desembolso de sumas importantes de dinero, pero que todo esto se podría haber evitado. Según el arquitecto, la situación sería diferente si se hubiera hecho caso a particulares y asociaciones que lucharon desde el inicio para evitar la demolición de la antigua casa payesa. «Desde el principio hubo gente diversa que intentó evitar que se llegara a este punto, tanto asociaciones como particulares, pero no se consiguió, por lo tanto, igual ahora no debería ser el pueblo de Formentera el que acabe pagando sino los políticos que en su momento otorgaron esas licencias», sentencia el arquitecto.