El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, junto a su abogada e Isidor Torres en los juzgados, el pasado 24 de mayo. | DANIEL ESPINOSA

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, ha citado a Silvia Tur y Sònia Cardona para declarar en calidad de investigadas en el caso que investiga un presunto delito de prevaricación administrativa en la gestión del bolsín de bomberos del Consell de Formentera.

Silvia Tur y Sònia Cardona deberán comparecer el próximo 29 de mayo, según la providencia dictada por la magistrada Carmen Martín, a raíz de la declaración realizada en sede judicial por el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, el pasado 24 de abril.

La citación de la actual diputada de Gent per Formentera y de la consellera de Participació Ciutadana cobró fuerza después de que el presidente del Consell descargase la responsabilidad de las contrataciones en las personas que en 2013 estaban al frente de las consellerias de Medi Ambient y la conselleria responsable de Recursos Humanos.

Tras las declaraciones de Jaume Ferrer en sede judicial, las interpeladas rehusaron hacer declaraciones. Ahora deberán comparecer el 29 de mayo para declarar como investigadas. Sònia Cardona y Silvia Tur podrían impugnar la providencia mediante la interposición de un recurso de reforma.

Declaración de Jaume Ferrer

«Es una evidencia que la competencia directa no la ejercía yo, sino la conseller de Medi Ambient y la conselleria responsable de Recursos Humanos. El presidente no se lava las manos, pero las cosas son así». Con estas palabras, el presidente Jaume Ferrer descargaba su responsabilidad sobre el proceso de contratación y apuntaba a Silvia Tur y Sònia Cardona (responsables de las citadas consellerias en 2013) como responsables del bolsín de bomberos por el que Ferrer declaró en calidad de investigado junto al gerente de la corporación, Isidor Torres.

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A la salida de los juzgados, el presidente del Consell reconoció que no esperaba el varapalo judicial que supuso la sentencia del Contencioso Administrativo, pero aseguró estar «tranquilo, pero no satisfecho porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears no fue en el sentido que esperábamos» y quedó a la espera de que el caso se «resuelva definitivamente».

Preguntado sobre si su declaración dejaba en mal lugar a las conselleras Silvia Tur y Sònia Cardona, Ferrer remarcó que todas las decisiones se tomaron «teniendo en cuenta los informes técnicos y jurídicos de la casa. El presidente lo que hace al inicio de la legislatura es delegar unas competencias en todos sus consellers, que ejercen unas competencias», argumentó Ferrer, quien añadió no poder decir «por qué se hicieron unas cosas o por qué se hicieron otras».

A penas tres días después de la testifical de Jaume Ferrer e Isidor Torres, la jueza dictaba una providencia en la que citaba a las dos conselleras que eran responsables directas de las contrataciones, según hizo hincapié Jaume Ferrer ante la juez y, acto seguido, ante los medios de comunicación que le esperaban a la salida de su comparecencia en sede judicial.

EL APUNTE

El TSJIB trasladó a la Fiscalía la investigación por prevaricación

Las nuevas citaciones vienen derivadas de las actuaciones realizadas por la Fiscalía, que actuó a petición del tribunal que firmó la primera sentencia condenatoria contra el Consell de Formentera. El juzgado Contencioso Administrativo nú- mero 2 de Palma remitió aquel primer auto a la Fiscalía para que investigase la «posible comisión de hechos delictivos ante la admisión de aspirantes y posterior contratación, careciendo de requisitos para ello, así como, específicamente, respecto de la paralización injustificada de nombramiento durante más de un año resultando en la contratación». La sentencia de 20 de marzo de 2016 condenó al Consell de Formentera a reconocer la contratación de R.C.L., como bombero colaborador del Consell desde el 7 de enero de 2013 y abonarle la cantidad de 80.199 euros. La cantidad fue reducida a unos 57.000 euros tras el recurso del Consell y ahora se investiga una prevaricación.