Pleno del Consell en un momento del debate del estado de Formentera. | I.V.

En el debate del estado de Formentera que se celebró ayer pudo verse sobre la pista de baile a dos parejas: la primera, muy bien avenida y complementada, que formaban Gent per Formementera y Compromís, que manifestó en su réplica que, en líneas generales, la idea de la isla de ambos partidos está en sintonía; la segunda formada por PP y PSOE, que se pisaron un poco lo pies, pero bailaron la misma canción crítica con el gobierno que preside Jaume Ferrer con ligeras variaciones.

Un gobierno al que la portavoz del grupo socialista, Ana Juan, acusó de «prepotente», de llevar a cabo una política de «hechos consumados» y de «tratar mal» a la oposición. Unas críticas que fueron contestadas muy duramente por parte del presidente en su réplica, al considerar el cambio de actitud de su anterior socio como una táctica «electoralista».

El portavoz del Partido Popular, José Manuel Alcaraz, indicó que el proyecto de Gent per Formentera está «agotado», a ello achacó las continuas críticas a su partido aunque ellos no gobiernan, y vaticinó que se trataba del último discurso de Ferrer como presidente.

Ferrer inició la sesión con el discurso de apertura, en el que hizo balance de la actividad realizada por el gobierno y que centró en cinco ejes: enseñanza, interés general, medio ambiente, cultura de Formentera y pluralismo a la hora de tomar decisiones. Este último punto, muy discutido posteriormente por la oposición.

Educación

En cuanto a la educación el presidente defendió la autonomía de toma de decisiones de las escuelas, en referencia a la reciente polémica de la charla de una Mosso d’Esquadra en el IES Marc Ferrer, y anunció que ya se ha otorgado la licencia para la construcción de una ‘escoleta y un colegio en Sant Ferràn. Recibió en este último tema los elogios de Compromís, que pidió una mejora en la política de seguridad escolar. Por su parte el PP manifestó su descontento por la lentitud en la contrucción de estas escuelas, que se prometió que estarían terminadas a finales de 2018 o principios de 2019.

Vivienda y transporte

Movilidad y vivienda fueron dos de los elementos clave en el debate. El presidente defendió la pertinencia del futuro plan de movilidad, que limitará la entrada de vehículos en la isla. Un plan de movilidad necesario para «vivir en una isla tranquila», indicó el presidente.

La necesidad de este plan es compartida por todos los partidos, sin embargo no las formas. La portavoz del grupo Socialista, manifestó su descontento por no haberse dado a la oposición los informes que tenía el gobierno para poder hacer propuestas. Por su parte el popular Alcaraz quiso recordar la contradicción que suponía asumir ahora los «cupos» de entrada de vehículos cuando anteriormente el propio gobierno se manifestó en contra de esta medida. Alcaraz defendió la regulación a través de tasas en lugar de la prohibición.

En cuanto a la vivienda, Ferrer indicó que se estaba negociando con el Govern la cesión de terrenos para construir viviendas de alquiler público. Defendió como “valiente” la propuesta de zonificación de alquiler turístico en la que está trabajando en Consell, una medida para evitar situaciones que pueden “poner en riesgo” el modelo turístico de la isla y la convivencia.

El PSOE calificó estas medidas de apresuradas y el PP quiso recordar la continua reducción de los objetivos de creación de viviendas de protección oficial por parte del Consell, además de la práctica inexistencia de inspecciones de alquileres turísticos ilegales.

Desde Compromís se consideró la regulación turística como necesaria para facilitar el acceso a la vivienda todo el año a las personas que trabajan en la isla, y anunció su intención de proponer, además, que se regule la instalación de nuevos negocios para fomentar la creación de aquellos que decidan abrir todo el año.

También se habló de la necesidad de reducir la cantidad de interinos en las instituciones municipales, que se sitúa por encima del 50%. Los socialistas solicitaron un plan estratégico de recursos humanos, la consolidación de los puestos de trabajo y más transparencia en los procesos de selección. Los populares criticaron la poca planificación en materia de horas extra y la falta de dirección en el centro de día.

Labor de oposición

Todos los partidos de la oposición criticaron la no puesta en marcha en la isla de las medidas de transparencia que establece la Ley de 2013. El PSOE pidió acceso actualizado a toda la documentación que genera el Consell, y el PP recordó que hasta hace poco tiempo no se podían conocer los contratos menores del ayuntamiento.

Así mismo los partidos de la oposición manifestaron su malestar al no contar con un espacio de trabajo propio para cada grupo. Algo a lo que el presidente contestó indicando que el despacho de cada grupo se habilitará en las próximas semanas.

El Consell también recibió críticas por no escuchar a la oposición a pesar de hablar contínuamente de consenso. «Sí se nos presentan las propuestas, pero cuando ya están cerradas, no podemos aportar nada» se lamentó la portavoz socialista. Desde el partido popular se criticó que se escuchan las propuestas hasta que alguien dice algo que el Consell no quiere oir.