Un policia local de Formentera dirige el tráfico. | Redacción Sucesos

Tan solo tres de los veintidós aspirantes a la oferta pública de empleo para cubrir seis plazas de policía local en Formentera han aprobado el proceso de selección que tuvo lugar hace dos semanas. De entre ellos, uno ya era trabajador interino dentro del cuerpo.

Las pruebas, que se realizaron entre el 20 y el 24 de agosto, ya se caracterizaron en su momento por el malestar de los candidatos y las críticas de partidos y sindicatos ante los continuos cambios de criterio y el incumplimiento de los plazos fijados por parte del Consell.

Además, su celebración durante muchas horas seguidas y en un periodo de tiempo muy corto no hizo más que acrecentar las quejas. «La aplicación de las bases genera una incertidumbre con la que no estamos de acuerdo», señalaba un opositor.

A esto, se le une la modificación de varios puntos del temario, que parece haber empeorado el rendimiento de los aspirantes en la parte teórica de las pruebas.

Una serie de inconvenientes que parecían, de algún modo, presagiar el desenlace.

A punto de cumplirse los siete días hábiles para resolver reclamaciones y publicarse un listado definitivo -que dadas las circunstancias parece ser que no sufrirá ninguna alteración-, las reacciones no se han hecho esperar.

El conseller del PP en Formentera, José Manuel Alcaraz, no ha dudado en recriminar al Consell su actitud durante todo el proceso y en manifestar su descontento ante tales resultados. «Tenemos un déficit importante de agentes en la isla que ahora continuará», advierte. Desde UGT también se han mostrado negativos y han insistido en reafirmar sus críticas lanzadas a lo largo del proceso. El delegado sindical de UGT en el Consell, José Ramón Mateos, piensa que «sin tanto cambio de criterio, las cosas puede que hubiesen salido mejor».

Mientras tanto, desde el Consell se mantienen cautos y prefieren esperar a que finalice totalmente el proceso para pronunciarse al respecto.

En el caso de que la lista provisional se convierta en definitiva, el Consell podría verse obligado a ofertar nuevas plazas en un futuro proceso.