Uno está ubicado en las dunas de la playa de Migjorn, entre el Blue Bar y el Lucky Bar. El otro, según algunos testigos, en s’Estany Pudent. El aviso de varios vecinos a través de las redes sociales alertó hace unos días de su presencia.
El pozo de Migjorn, según denunciaron públicamente, estaba completamente abierto. Tras un primer toque de atención, posteriormente apareció con un palé encima. El de s’Estany Pudent solo estaba protegido por el esqueleto de un somier. Ambos, además, tienen las dimensiones suficientes para que quepa una persona adulta o cualquier animal de compañía.
Fuentes del Consell aseguraron que, al recibir la alerta, la semana pasada se tomó la medida de acordonar los mismos y tapiarlos de una forma más segura. No obstante, según admitieron, la responsabilidad ante estos casos no corresponde al organismo insular.
Por ello, tal y como explicaron, trasladarán la problemática a la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear, a fin de que la estudien y encuentren una solución.
Según comentaron algunos testigos que estaban en la zona a Periódico de Ibiza y Formentera, el pozo de Migjorn habría servido para abastecer de agua a un antiguo chiringuito, por lo que deducen que llevaría ya varios años al descubierto a pocos metros de la pasarela de madera.
Proliferación
Las últimas semanas el número de denuncias por pozos peligrosos en las Pitiusas se ha multiplicado a raíz del terrible suceso de Totalán y ha dejado al descubierto un peligro que hasta ahora había pasado desapercibido.
Hace solo unos días conocimos que el Ayuntamiento de Santa Eulària había recibido, según explicaron, «infinidad» de denuncias relacionadas con pozos abiertos sin seguridad.
También el Ayuntamiento de Sant Josep lanzó un bando a finales del mes de enero instando a propietarios de terrenos a que cerrasen los pozos y las perforaciones y a que tomasen las medidas de seguridad oportunas para no tener que lamentar incidentes de ningún tipo.
La mayoría de estos casos afectan a particulares, siendo estos los únicos responsables de la infraestructura.
Los ayuntamientos, dadas las circunstancias, deben actuar como intermediarios, con el fin de velar por la seguridad. Si los propietarios omiten las reclamaciones pueden llegar a ser multados.
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