La contratación irregular que denuncia UGT benefició a un exconseller de GxF

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Sergio Jiménez junto a Silvia Tur en una imagen de archivo de 2011, cuando ambos eran consellers insulars.

Sergio Jiménez junto a Silvia Tur en una imagen de archivo de 2011, cuando ambos eran consellers insulars.

29-09-2011

La denuncia de UGT que atribuyó el pasado miércoles al Consell de Formentera presuntas irregularidades en dos procesos de selección de personal, apunta directamente a un exconseller de Gent per Formentera (GxF) como una de las personas beneficiadas por el supuesto amaño.

Según declaró el delegado sindical, José Ramón Mateos, el titular de la cartera de Esports i Participació Ciutadana durante la legislatura 2011-2015, Sergio Jiménez, habría accedido al cargo de asesor agrícola tras haber participado en el procedimiento que el sindicato tacha de irregular.

Desde UGT apuntaron al gerente del Consell de Formentera, Isidor Torres, acusándole de haberse involucrado en los procesos de selección de personal y ejercer supuestos tratos de favor. Además, explicaron que su figura «no forma ni puede formar parte del órgano de selección».

El exconseller Sergio Jiménez, que también encabezó el área de Agricultura durante unos meses, aseguró ayer a Periódico de Ibiza y Formentera desconocer el contenido de la denuncia pública del sindicato y se limitó a defender que fue convocado a un examen al que se presentó porque salió la oferta, lo aprobó, «y no hay nada más». Jiménez calificó las acusaciones de «falta de respeto» y reiteró su honradez.

Por su parte, tanto el Consell de Formentera como Gent per Formentera declinaron hacer declaraciones al respecto de este asunto.

En diciembre de 2018 UGT recurrió dos ofertas del SOIB al detectarse en las mismas «una serie de errores», entre los que destacaban la solicitud de personal con una titulación inferior a la requerida y el uso recurrente del SOIB para la contratación de funcionarios, cuando es un procedimiento que, según explicaron, sólo debería ajustarse a casos de urgencia.

Mateos explicó que, tras conocer los hechos, el sindicato formalizó dicho procedimiento administrativo, «informando al Consell para que abriese una pequeña investigación y averiguase si lo que nosotros decimos es verdad o no». Al no obtener respuesta del organismo insular en cinco meses, se optó por poner el asunto en conocimiento de la opinión pública.

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