Sa Unió pide la renuncia del conseller Pep Marí (GxF) tras alegar incompatibilidades

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Pep Marí, de espaldas, escucha al portavoz de Sa Unió, Llorenç Córdoba, mientras se debatía su posible incompatibilidad.

Pep Marí, de espaldas, escucha al portavoz de Sa Unió, Llorenç Córdoba, mientras se debatía su posible incompatibilidad.

08-07-2019 | A. C.

El Consell de Formentera celebró ayer el primer pleno de la legislatura para dar cuenta de la organización de la institución y de la designación de las responsabilidades dentro del nuevo gobierno. No obstante, polémica surgió en el último punto del día de la sesión, a raíz de la propuesta de solventar una incompatibilidad del conseller de Infraestructures i Seguretat, Josep Marí, de Gent per Formentera (GxF).

El pleno aprobó, con los votos en contra de Sa Unió, rescindir el contrato de arrendamiento de una propiedad de Marí en la que se ubican actualmente el Juzgado de Paz de Formentera y los despachos de la oposición para que el conseller pueda ejercer como tal. Esta decisión implica la búsqueda de un nuevo local mientras se sigue haciendo uso del actual. Durante el debate de este asunto, Pep Marí se levantó de la bancada y no participó en la votación al ser la persona implicada.

En este sentido, el portavoz de Sa Unió, Llorenç Córdoba, declaró que «no es justo» invalidar el contrato «de ninguna de las maneras» y que Marí debería renunciar de su cargo como conseller. Desde la coalición de PP y Compromís también criticaron que la propuesta fuese modificada «justo antes de la votación», ya que «la propuesta inicial simplemente decía que había una incompatibilidad y finalmente han hecho una modificación diciendo que esta ya no existía porque la persona implicada había dicho de extinguir el contrato».

Por su parte, según explicó el portavoz del gobierno del Consell, Bartomeu Escandell, Marí puso en conocimiento de Secretaría dicha incompatibilidad «desde el primer momento en que empezamos a caminar esta legislatura» y que «hoy era el momento» de valorarla, pues «la incompatibilidad la declara el pleno». Así pues, tras la aprobación de la propuesta «se da por extinguido el contrato» y «no queda ninguna duda de la no incompatibilidad del señor Josep Marí», señaló Escandell.

Córdoba insistió en que lo que aprobó el pleno es «una ilegalidad» y acusó al equipo de gobierno de disfrazar a través de un acuerdo plenario una compatibilidad cuando «realmente sigue siendo incompatible».

Respecto a la nueva ubicación del Juzgado de Paz, el portavoz del equipo de gobierno aseguró que «lo más pronto posible se reubicarán estos servicios», presumiblemente en Sant Francesc, y que el Consell está valorando ya varios locales.

Cargos de confianza
Sa Unió también votó en contra y mostró su desacuerdo sobre la propuesta de la plantilla de personal eventual, pues a los tres cargos de confianza presentados hasta el momento –jefe de promoción turística, responsable de comunicación y secretaria de presidencia– se ha sumado un segundo responsable en el área de comunicación. Llorenç Córdoba criticó que el ahorro del cargo de gerente no se producirá, al seguir contando el nuevo gobierno con cuatro cargos de confianza.

EL APUNTE. La partida destinada a pagar los sueldos de los consellers sube un 36%

En la sesión plenaria de ayer también se aprobó, en este caso con la abstención de Sa Unió, las retribuciones de los miembros del equipo de gobierno de GxF y PSOE, así como las indemnizaciones por asistencia a sesiones y la dotación para los grupos políticos.

El nuevo ejecutivo costará esta legislatura un 36 % más que la anterior, ya que, pese a que las dotaciones económicas de la presidencia, vicepresidencia y los distintos consellers se mantendrán, son tres más las conselleries. De este modo, la presidenta del Consell tendrá una retribución bruta anual de 52.950 euros, las tres vicepresidencias de 51.400 euros y seis de los consellers con dedicación exclusiva recibirán anualmente 50.300 euros brutos. La única consellera con dedicación parcial, de 10 horas semanales, será la responsable del área de Patrimoni, Política Lingüística i Formació, Raquel Guasch, que percibirá una retribución bruta anual de 13.413,33 euros.

La oposición, representada únicamente por Sa Unió, tendrá una retribución de 37.794,79 euros para un conseller con dedicación exclusiva o para repartir entre un máximo de dos consellers del grupo, de forma parcial. Además, los consellers sin retribución recibirán una indemnización de 200 euros por cada asistencia a los plenos y de 120 por asistir a las comisiones informativas.

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