Estiman parcialmente un recurso contra el Consell de Formentera por el cese de un delegado sindical

Según la sentencia, el Consell ha vulnerado el artículo 23.2 de la Constitución Española y declara nulo y sin efecto el cese del presidente del comité de empresa del Consell, incorporado como funcionario.

Éste fue cesado en junio de 2018 como agente de ocupación y desarrollo local, un despido que el Juzgado de lo Social de Ibiza declaró improcedente el pasado 12 de julio, habiéndose ya producido su readmisión. Así, se reincorporó como funcionario interino para ocupar un puesto de auxiliar administrativo en el área de la Policía Local, pero fue cesado en agosto del pasado año.

En el resumen de los hechos, se considera que la actuación del Consell vulneró el derecho del trabajador a ejercer la actividad sindical y dio por buena la inasistencia al puesto de trabajo del funcionario sin tener en cuenta su condición de liberado.
En relación al cese, «se trató así de un acto administrativo dictado al margen de todo procedimiento», por lo que incurrió en causa de nulidad establecida según normativa, con vulneración del derecho al acceso a las funciones públicas.

Por contra, en la sentencia se destaca que no se observa que la actuación del Consell «haya implicado vulneración» de determinados derechos reconocidos según normativa, ya que no hubo obstáculos para que el trabajador desplegara su actividad representativa/sindical en el seno de la Corporación, tanto cuando era personal laboral como cuando pasó a ser funcionario interino.

UGT SE CUESTIONA LOS MOTIVOS
El sindicato se ha preguntado en un comunicado por los motivos del Consell para «deshacerse» del delegado y ha lamentado que «la única explicación es que la actividad sindical de UGT molestaba los tejemanejes en materia de personal seguidos en el Consell de Formentera», afirmando que se trata de una «forma de proceder irregular que se puede calificar de chapucera y, en este caso, ilegal».
Asimismo, se ha preguntado quién debe asumir la responsabilidad por estas actuaciones y la sentencia.

También han afirmado que en informes y asistencia letrada en contra del delegado sindical, según UGT, el Consell de Formentera ha gastado más de 12.500 euros, cantidad a la que hay que sumar el salario del agente que sustituyó al trabajador, cifrando el coste total para la administración en unos 70.000 euros.
Por ello, han considerado que este coste no debe ser asumido por la institución sino por los responsables de este «despropósito», exigiendo la asunción de responsabilidades políticas por parte de los anteriores gestores de personal del Consell de Formentera.