El Consell de Formentera ha presentado un total de 18 alegaciones al anteproyecto de ley de Educación del Govern «para enriquecer el texto y transmitir la importancia y responsabilidad de los agentes implicados en la educación». La consellera insular de Educación, Susana Labrador, explicó ayer que estas alegaciones han sido presentadas dentro del plazo de información pública.

Triple insularidad

Según el Consell, la institución vela así para que se tengan en cuenta las necesidades y realidades de cada isla. La consellera explicó que, en el caso de Formentera, la realidad «implica el hecho de que haya una insularidad doble y triple».

El texto propuesto desde el Govern no hacía referencia a esta situación de Formentera, según precisó el Consell, lo que en materia educativa «implica unas repercusiones gravísimas por la falta de oferta educativa, infraestructuras, equipamientos, bienes, recursos y servicios que se ubican en Ibiza o en Mallorca».

Desde el Consell se consideró que la futura Ley debe contemplar medidas para paliar la insularidad y «debe establecer una política de becas adicional y complementaria y suplementaria a la política general autonómica y estatal, a favor de los estudiantes con residencia administrativa en Formentera y que cursen estudios en cualquier lugar fuera de Formentera», destacó Susana Labrador.

En otra de las alegaciones al anteproyecto de ley se hace referencia al tema de la lengua catalana. Desde el Consell reclaman que se contemple que dicha lengua debe ser la «vehicular en la enseñanza», de acuerdo con lo que se recoge la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística en Baleares. En las alegaciones también se pide que se recoja la posibilidad de poder suscribir convenios de colaboración con los Consells o ayuntamientos, no sólo en la etapa de primer ciclo de infantil o educación de adultos, sino también en los estudios de formación profesional y enseñanzas de régimen especial que no se contemplan.

El Consell se ha referido a la etapa de 0-3 años y considera que el texto debe recoger el objetivo de trabajar hacia la gratuidad de la etapa de 0-3, quedando especificado con más concreción cómo debe ser esta financiación y cómo debe ser asumida por las instituciones.